Los centros educativos lucenses son los menos conflictivos de Galicia. En el pasado curso, fueron expedientados 56 alumnos de un total de 30.196, lo que supone un 0,18 por ciento. Por encima están Pontevedra, con una conflictividad del 0,22 por ciento; A Coruña, con un 0,26 y, a la cabeza, Ourense, con un porcentaje del 0,47 por ciento.
La mayoría de los expedientes tramitados en Lugo -52- eran de alumnos de ESO (especialmente el primer ciclo), mientras que sólo fueron sancionados 2 alumnos del PCPI; 1, de Bachillerato, y otro más, de FP. Aunque en la provincia de A Coruña, hubo 34 expedientes abiertos a alumnos de Primaria, en Lugo no se registró ninguno.
«Estes datos refírense ós expedentes pechados porque, en realidade, abrir, ábrense tres veces máis dos que se pechan», indica Julio Díaz Escolante, presidente de Anpe en la comunidad gallega.
De todas formas, la conflictividad escolar en Galicia es muy inferior a la de otras comunidades autónomas, según afirma Julio Díaz.
«Noutros sitios como Madrid, Canarias, Valencia o Andalucía, a conflictividade nos centros educativos é cinco veces máis grande. Hai compañeiros que aproban as oposicións en Madrid, por exemplo, e están desexando vir a Galicia porque non aturan a situación. Un deles dixo que tiña un alumno que tódolos días traía o radiocasete á clase e que non había maneira de facerllo apagar. Foi expulsado, volveu e volveu encendelo».
Pero la conflictividad no se genera sólo con el alumnado, también es frecuente la que emana del comportamiento de los padres, lo que contribuye a generar más ansiedad entre los docentes. «Cada vez hai máis presión dos pais en aspectos como, por exemplo, que se cambien as notas ou que se modifiquen os currículos», afirma Julio Díaz.
Estas declaraciones son corroboradas por las estadísticas de las llamadas de los docentes al Defensor del Profesor en Galicia, que revelan que el 15 por ciento de las consultas procedían de temas relacionados con acoso y amenazas de los padres y un 8 por ciento más eran sobre denuncias interpuestas por los progenitores.
Otros motivos de las llamadas de los docentes al Defensor del Profesor fueron: daños causados a propiedades o pertenencias y faltas de respeto (un 17 por ciento), problemas para dar clase (un 12 por ciento) y conductas agresivas de los alumnos hacia el profesor y sus compañeros (un 9 por ciento).
Ocho de cada diez profesores denunciaron, además, ante el Defensor una falta de respaldo por parte de la Administración.
«Isto solucionarase coa nova Lei de Convivencia, que contempla un servizo xurídico específico para o profesorado», afirma Julio Díaz, que añade, por otra parte, que los docentes gallegos son, igual que los sanitarios, autoridades públicas desde 2006.
