El juzgado de vigilancia penitenciaria de Lugo entró ayer en funcionamiento con cinco funcionarios y un secretario, que trabajarán bajo la batuta de la jueza Sonia Rey.
Como acto de inauguración oficial, la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Raquel Arias, visitó las instalaciones junto a Marta Barreiro, jefa territorial de Presidencia, y destacó la importancia del nuevo juzgado. «A creación de novos xulgados e a ampliación dos existentes con máis medios materiais e humanos redundará necesariamente nunha administración de xustiza máis áxil e efectiva, que é o que en definitiva queremos todos os cidadáns, empezando polos propios xuíces, fiscais, avogados e funcionarios desta administración», indicó.
Tal y como explicó Raquel Arias, se trata del tercer juzgado de estas características que se crea en la comunidad gallega, ya que en la actualidad están en funcionamiento sendas unidades de este tipo en A Coruña y Pontevedra. De hecho, este nuevo juzgado -que será de ámbito autonómico- asumirá las competencias que tenían los otros dos sobre las prisiones de Lugo y Ourense, lo que permitirá descongestionar dichas unidades.
«O novo xulgado vai asumir as competencias sobre os cárceres de Bonxe e Monterroso e tamén sobre a ourensá de Pereiro de Aguiar. Os tres centro penitenciarios suman arredor de 1.250 reclusos», aclaró Arias.
Funciones
Tal y como explicaron desde la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, dentro de las funciones que llevará a cabo el nuevo juzgado figura la adopción de decisiones para que las penas privativas de libertad se lleven a cabo de forma efectiva, así como la resolución de propuestas sobre la libertad condicional de los reclusos o su revocación.
Además, por el juzgado de vigilancia penitenciaria pasarán también las solicitudes y quejas de los internos de los tres centros que se encuentran en su ámbito de actuación.
Presupuesto
La inversión total del Ejecutivo gallego para la creación de este juzgado -que está situado en la cuarta planta del edificio de la Audiencia Provincial de Lugo- asciende a unos 80.000 euros. Tal y como explicó Raquel Arias, el coste para habilitar las instalaciones, que inicialmente eran un espacio diáfano, rondó los 65.000 euros. A esta cuantía hay que sumar los gastos en material, así como en los equipos informáticos y telefónicos, y en las conexiones, lo que supuso una inversión de 15.000 euros.
Antes de finalizar su visita, la delegada de la Xunta en Lugo aclaró que, de momento, no está prevista la creación de nuevas unidades judiciales en la provincia.
CRÍTICAS SINDICALES
- «El personal viene de otros órganos y esas plazas no se cubren». Los sindicatos CSIF, UGT y CIG criticaron ayer que la dotación de personal del nuevo juzgado se haga a través de comisiones de servicio. Según explican, los cinco funcionarios proceden de otras unidades y tres de las plazas que dejaron no se cubrieron con personal interino, «como é preceptivo». En concreto, la Audiencia Provincial, el juzgado de Becerreá y el de instrucción 1 de Lugo se quedan con un funcionario menos, «coa carga de traballo que teñen, sobre todo o último», dicen.
- Otras prioridades. Los sindicatos ven «positiva» la creación del nuevo órgano, aunque consideran que no disminuye la carga de trabajo de la Justicia en Lugo y que era prioritaria la creación de otras unidades, como un juzgado de instrucción y uno penal en Lugo, y dos mixtos en Sarria y Viveiro.
