Asesora legalmente a la familia del barrio de A Residencia que ha visto como unos okupas arrasaron una casa de dos plantas, con local para bar, de su propiedad. Este letrado defiende que las leyes contemplan mecanismos para poner fin a esta impunidad en menos de 24 horas.
los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente se demoran más de la cuenta, lo que genera una alarma social. Es el caso de una familia del barrio de A Residencia, que se encontró hace unos días con un inmueble suyo con montañas de basura, agujereado como un queso Gruyère y sin electrodomésticos, ni muebles. Tuvieron que esperar cinco meses y un día para recuperar el pasado miércoles lo que es de su propiedad. Los okupas que les tocó en suerte son unos profesionales. No es la primera vez que lo hacen, ni será la última. José Antonio Coira es el abogado de los perjudicados.
Los desalojos se eternizan.
La vía penal es larga ya que los juzgados de instrucción están saturados porque tienen mucha carga de trabajo y encima en Lugo nos han saltado los casos Carioca, Pokemon, multas de tráfico... El problema es que no se aplican las medidas cautelares que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger a los perjudicados por el delito. Su artículo 13, que es muy genérico, da facultades a los jueces para que puedan adoptar medidas inmediatas para restablecer el orden de las cosas. Yo las pedí, pero ni me contestaron. Por tanto, el juez de instrucción puede dictar inmediatamente un auto de expulsión de las personas que acaban de ocupar violenta e ilícitamente un inmueble. Si el magistrado quiere celebrar una pequeña vista para oír a los implicados, la Policía Nacional los puede llevar detenidos porque están cometiendo un delito tipificado por el Código Penal, en su artículo 245.2. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que lo refrenda. Si los okupas creen que se ha vulnerado alguno de sus derechos que acudan a la vía procesal civil o penal.
«La gente se ve indefensa por la pasividad del binomio policía-juzgado»
Los casos de ocupación violenta de viviendas generan además alarma social.
La alarma social no la generan estos delincuentes, sino la pasividad del binomio policía-juzgado de guardia. La gente se ve totalmente indefensa. Además, en este caso registrado en el barrio de A Residencia ha habido una situación continuada de denuncias, primero por la ocupación, después porque se llevaban de la casa muebles, electrodomésticos, radiadores de fundición... Pones denuncias, se van apilando en unos procedimientos penales, pero no hay una actuación efectiva y eficiente que restaure la legalidad. En este caso, que la Policía no haya hecho nada en caliente, es sangrante.
