El TSXG ordena derribar un edificio del centro de Lugo antes del 1 de septiembre

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de comunicar un auto en el que ordena al Concello que ejecute la sentencia de derribo que desde hace más de once años pesa sobre el edificio construido en el número 16 de Montero Ríos, declarado ilegal por sobrepasar tanto el ancho de fondo como las alturas permitidas. El alto tribunal concede al Concello un plazo hasta el 1 de septiembre próximo para hacer efectiva la sentencia.

La primera sentencia firme contra este edificio data ya del 93, por un exceso de altura -siete pisos- y un exceso de fondo, sobre todo en la parte que da al Carril das Flores. Se construyó antes de la entrada en vigor del plan de ordenación urbanística del 91, y el Concello trató de legalizarlo a través de este plan con una modificación de licencia. Sin embargo, y según recoge el auto judicial, ese intento ya se rechazó porque el nuevo ordenamiento permitía hasta 22 metros de fondo «y el edificio se acerca a los 30, mientras que la altura de bajo más seis plantas y bajo cubierta retranqueado y en comunicación interior con la planta inferior podría cumplirse en la parte del edificio que linda con la calle Montero Ríos, pero no con la que da su frente al Carril das Flores».

Según el TSXG, el Concello le remitió en 2009 un acuerdo municipal en el que se le indicaba que, en ejecución de sentencia, se había encargado un estudio para su legalización. Sin embargo, considera este acuerdo «ambiguo» y recuerda que sólo es ajustado a derecho si va encaminado a ejecutar el fallo, no a eludirlo.

Por todo ello, ordena al alcalde de Lugo que «antes del 1 de septiembre de 2011 justifique ante esta sala la completa demolición del edificio» o, en su caso «la porción que no pueda ser legalizada». Además, le impone al alcalde «la obligación de informar a esta sala, dentro de la primera quincena de los meses de mayo y julio, sobre el alcance de lo que hubiera actuado. «El incumplimiento de estas obligaciones», prosigue el auto, «le significará la imposición de una multa de 400 euros y la ausencia de demolición en plazo le supondrá otra multa de 1.200 euros».

La licencia de este edificio fue concedida bajo del mandato de Tomás Notario Vacas, y desde entonces ninguna de las corporaciones que han pasado por el Concello ha ejecutado la sentencia de demolición, dictada por el TSXG el 6 de mayo de 1993 e incluso confirmada por el Tribunal Supremo en diciembre de 1999.

Las sucesivas decisiones judiciales sobre el edificio son consecuencia de la batalla legal emprendidas por vecinos que se consideraron perjudicados por la concesión de la licencia de construcción dada por el Concello.

CONCELLO. Sigue pendiente del informe de Evislusa

• Este diario se puso ayer en contacto con el Concello para conocer su opinión respecto a este auto, que aseguró desconocer. No obstante, se remitió al acuerdo tomado en 2009, que recoge el propio auto, por el que la junta de gobierno acordó encargar un informe a los técnicos de la empresa municipal de vivienda y suelo (Evislusa) para que estudien la manera de legalizar la construcción. Según las fuentes municipales, dicho informe estaría ya a punto de entregarse y confían en que eso sea suficiente para la Justicia. «Nuestro máximo interés en este asunto, que nosotros no provocamos, es defender a las familias que habitan en el inmueble», señalaron.