Los servicios de Consumo de la Xunta en Lugo recibieron a lo largo de 2011 más de 350 reclamaciones de usuarios de servicios eléctricos, la mayor parte por cuestiones relacionadas con la facturación. Del total de quejas presentadas, el 80% se refieren a problemas causados por la emisión de recibos, mientras que el 20% restante se debe a deficiencias en el servicio, tales como caídas de tensión o problemas de suministro. De ese 80% de quejas relacionadas con la facturación, el reparto entre las dos principales comercializadoras que operan en la provincia -E-On y Fenosa- es semejante. Cada una es objeto del 40% de reclamaciones, según apuntaron fuentes de la delegación territorial.
La Federación de Asociaciones de Vecinos inició hace meses una campaña para actuar de forma conjunta en estos casos. Según indica su presidente, Jesús Vázquez, el cliente está en una situación de indefensión ante la actuación de las compañías eléctricas. «Te tratan con prepotencia, soberbia y despotismo y el cliente se siente apaleado y agraviado», apunta. Asegura que cuando llega una factura descomunal, «llamas y no se molestan en comprobar si tienes estropeado el contador y si viene el técnico a mirar y no es ese el problema, pagas los gastos». Es difícil, añade, establecer comunicación con alguien que te pueda ayudar porque en muchos casos el servicio al cliente está deslocalizado a otros países.
Además, si no se está de acuerdo con la cantidad que imponen, aclara, y no se está dispuesto a pagar, «te cortan el suministro, que es un servicio básico, y entonces ¿qué haces?», añade. La cuestión está «en que las compañías eléctricas campan a sus anchas» y, según su experiencia, «al final la gente acaba pagando para que no le corten el servicio», asegura.
Jesús Vázquez considera que los servicios de arbitraje de la Xunta de Galicia y el Concello de Lugo tampoco ayudan en la defensa del consumidor. «Deberían establecer un arbitraje, pero no lo hacen», apunta, y asegura que el colectivo ha pedido « que obliguen a las eléctricas al menos a contestar a los clientes y no lo conseguimos».
Un problema de salud
A los servicios de Consumo de la Xunta acudió recientemente una vecina de Lugo que prefiere no dar su nombre y su marido, después de llevar varios meses peleando con la empresa eléctrica que le comercializa el suministro. «Me están volviendo loca, desde que empecé con esto tengo que tomar ansiolíticos y no duermo», asegura.
El origen de su problema se remonta al mes de abril, cuando pidió a su comercializadora que le enviase las facturas cada dos meses, ya que le estaban llegando de forma muy desordenada. Desde entonces dejó de recibir recibos. Asegura que llamó en varias ocasiones para preguntar por qué no le estaban llegando y en las oficinas de la compañía le decían que se debía a un problema informático, pero que todo estaba en orden.
En noviembre le llegó una factura, emitida en junio, de varias semanas pertenecientes a los meses de marzo y abril. A los dos días de recibirla, le cortaron la luz. Pagó los recibos y llamó a la compañía, pero no le dieron solución al problema, así que llamó a un electricista para que le reenganchara el suministro.
Poco después, unos empleados de la compañía distribuidora -no la comercializadora- le indicaron que su contrato estaba inactivo desde abril y le dijeron que le cortarían el suministro y le quitarían el contador si no arreglaba la situación. Tuvo que pagar 400 euros a la distribuidora y está a punto de tener un contrato nuevo, pero para ello tiene que pagar el alta y un nuevo boletín.
Asegura que en las múltiples visitas que ha realizado a las oficinas de la empresa comercializadora, ésta llegó a asumir la responsabilidad de lo sucedido, pero le pasarán igual los gastos del proceso, que piensa reclamar.
Aunque consiga que le paguen lo invertido, asegura que nada le compensará el mal trago de haberse quedado sin electricidad o el temor de que se la vuelvan a cortar, ni todo el tiempo que ha invertido en solucionar el problema que, asegura, no ha creado.
| ESTRATEGIAS La Xunta pide a la firma un informe |
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Cuando se presenta una reclamación ante Consumo en la Xunta, este servicio pide a la empresa un informe y un técnico de la Administración revisa el caso, A veces se trata de una tarificación errónea que se corrige y la queja se ataja. Las relacionadas con una atención deficiente se envían a Santiago. Sanciones No obstante, en la Xunta aseguran que se han llegado a imponer sanciones de hasta 500 euros. |
