El desarrollo urbanístico de A Ponte y las zonas de su entorno cuenta con el beneplácito del PXOM de Lugo, según se traduce del número de viviendas nuevas previstas en las distintas áreas de actuación. En base al estudio medioambiental del plan de urbanismo, en cinco zonas donde se crea suelo residencial, situadas entre el puente en construcción y la carretera de Santiago, se autorizará la construcción de hasta 1.832 viviendas, a las que habrá que añadir las que se podrán levantar por el desarrollo de suelo urbano consolidado.
En concreto, las dos urbanizables previstos en el barrio de San Lázaro (S1R y S2R) autorizan la creación de 288 viviendas unifamiliares, mientras que en otras dos zonas residenciales cercanas a A Ponte habrá un total de 1.271 viviendas. Asimismo, en el entorno del puente en construcción también se autorizan 273 nuevas viviendas.
Por tanto, la creación de nuevas vías de comunicación con la finalización del puente que ahora ejecuta Fomento, unido al hecho de que ya existen un buen número de viviendas y urbanizaciones en esta parte del municipio, supondrán en la práctica que esta zona se convertirá en la principal área de expansión de la ciudad.
Sin embargo, la visión de este probable cambio que sufrirá Lugo es objeto de diferentes análisis y mientras la delegada de urbanismo, María Novo, considera que el PXOM «viene a ordenar una realidad ya existente y servirá para crear dotaciones donde ahora no existen», para la nacionalista Paz Abraira constituye un hecho «moi perigoso facer que a cidade salte ao outro lado do río», ya que considera que es una zona que debe ser protegida. «Toda a extensión de terreo comprendida entre o triángulo formado pola nova ponte sobre o Miño, a estrada vella de Santiago e a estrada nova Lugo-Santiago aparece contemplada como urbanizable», explica Abraira, quien aclara que «o BNG non comparte esta decisión, porque é innecesaria para o desenvolvemento da cidade e vai ser unha agresión para o Miño».
Por su parte, María Novo aclara que este perímetro comprendía diferentes tipos de suelos, desde industriales a residenciales, que ahora quedan ordenados en el PXOM. «El plan recoge una realidad dispersa y la reorganiza», explica la delegada de urbanismo, quien matiza que el 40% de las zonas residenciales son de baja densidad. «A partir de ahora habrá un crecimiento ordenado, se generarán equipamientos que no había y se pondrá en el mercado más vivienda de protección», dice.
Por otra parte, la nacionalista Paz Abraira considera que a esta «agresión» para el Miño se le une la decisión de incluir en el plan de urbanismo la llamada variante oeste, una autovía trazada entre la carretera de Santiago y el polígono de O Ceao, que prevé cruzar el río y que, según la edil, «terá unha importantísima afección medioambiental e sobre o territorio». Abraira cree que esta infraestructura no se llegará a ejecutar, aunque «deixa hipotecadas moitas parroquias de Lugo».
LICENCIAS. María Novo cree difícil controlar el uso de las oficinas como pisos
La delegada de urbanismo, María Novo, explicó que el Concello no tiene constancia de que se estén utilizando como vivienda oficinas y locales comerciales, al tiempo que consideró muy difícil de controlar esta situación, «que afecta a compradores y vendedores». Según explicó, «los técnicos municipales conceden licencia de ocupación después de comprobar que las obras se ajustan al plano, aunque no pueden saber si después los propietarios realizan cambios en los usos a posteriori y sólo a través de denuncias se puede comprobar si se han cometido irregularidades», dijo,
María Novo salía así al paso de las críticas lanzadas por algunos grupos políticos o por asociaciones que consideran que, mientras no se cambió la Lei do Solo, fue una práctica generalizada que se construyeran y vendiesen pisos con licencia de local comercial en los barrios donde se había superado el tope de viviendas permitidas.
La asociación Alpul anunció que acaba de remitir un escrito a la delegada de urbanismo para que investigue esta situación y actúe en los casos en los que detecte ilegalidades. «El Ayuntamiento tiene que velar por el cumplimiento de la disciplina urbanística», explicó José Cabanas, presidente de Alpul.
Novo aclaró que todavía no conoce los términos de esta petición, aunque reitera que sería una labor «casi de locos» revisar oficina por oficina para comprobar si se usan como vivienda.
