El grupo popular asegura que la mesa de contratación municipal adjudicará en su reunión de hoy la elaboración de una auditoría energética sobre el alumbrado público que deberá estar finalizada en seis días, antes de que finalice el plazo para justificar su ejecución ante la Xunta para cobrar una subvención.
El portavoz popular Jaime Castiñeira criticó además que el gobierno local pretenda gastar 60.538 euros en contratar esta auditoría externa, porque cree que la podrían realizar funcionarios municipales.
Castiñeira explicó que hoy se abrirán las ofertas correspondientes a la contratación de esta actuación para, antes del 15 de septiembre de este año estar adjudicada, contratada, ejecutada, rematada y pagada. En caso contrario, se perderá una subvención de 25.500 euros concedida el 17 de Noviembre de 2010 por el Instituto Energético de Galicia (Inega), que establece que la actuación ha de estar rematada y justificada antes del próximo jueves. Según el popular, el propio ejecutivo municipal ya reconocía el retraso en este proceso al incorporar este punto fuera de la orden del día de la junta de gobierno local del pasado 24 de agosto y también en un informe técnico donde se advertía de la demora.
«É imposible cumprir os prazos, agás que o traballo xa estea feito antes de contratalo», dijo Castiñeira, quien subrayó que en el pliego de condiciones se fijan dos meses de prazo para la intervención.
Según el portavoz del PP, el contrato tiene por objeto «facer o que prácticamente xa teñen feito os enxeñeiros dos servizos eléctricos do Concello». Sin embargo, Castiñeira añade que en el informe que justifica el gasto figura que el Concello no tiene medios materiales y humanos para desarrollar los trabajos, algo que al edil popular le parece «estrano», dado que «temos dous enxeñeiros que son verdadeiros expertos en iluminación, que incluso forman parte do Comité Nacional de Iluminación e que recibiron premios e eloxios pola súa participación en distintos simposiums, pero Orozco prefire ningunear e despreciar aos seus propios empregados públicos», sentenció.
