El popular Jaime Castiñeira denuncia que el Concello pagó en dos años 7,5 millones de euros a tres empresas concesionarias que tenían el contrato caducado y que generaron 135 facturas con reparos de legalidad por parte de la intervención municipal.
Según los datos del PP, la firma que gestiona la potabilizadora y la depuradora de aguas fue la que recibió más pagos de este tipo, 3,3 millones por la gestión de la Etap desde febrero de 2011 y casi 3 más por la Edar desde noviembre de ese año. Además, la siguiente empresa con más facturas cobradas con reparos de legalidad es la que se ocupa de la gestión de las zonas verdes, ya que, a pesar de haber ganado este año el nuevo concurso, trabajó sin contrato en vigor para el Concello entre marzo de 2012 y marzo de 2013, por lo que obtuvo casi 700.000 euros.
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