El Concello de Lugo acaba de ser condenado por el juzgado de lo social número 2 a readmitir a una educadora social que, tras ganar ya previamente una batalla judicial a la administración local, fue readmitida el 13 de enero de este año y el mismo día fue despedida alegando que no había plaza vacante para ella y que la legislación estatal impedía contratar, por lo que el Concello no tenía ocupación para ella.
La trabajadora denunció al Concello al considerar que su despido se había efectuado como «represalia» a haber presentado una demanda de cesión ilegal de trabajadores contra el Concello, que ganó en primera instancia en 2010 y en el alto tribunal gallego en junio de 2013.
Esa era la tesis de la empleada y la jueza «ha llegado igualmente a dicha conclusión», según recoge la sentencia
