El hostelero insumiso de Guadalmina (Málaga), José Eugenio Arias Camisón, que tuvo que echar la reja a su restaurante como sanción porque se negaba a cumplir la ley antitabaco, se enteró ayer en Lugo, en donde está pasando unos días de vacaciones, de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite la demanda que interpuso contra el Gobierno de esa comunidad por el cierre cautelar de su negocio.
«Mi abogado tenía serias dudas de que la admitiesen a trámite. Que lo hayan hecho algo quiere decir. Voy a seguir luchando hasta el final. No pienso parar. No me van a callar», afirmó este empresario donostiarra afincado en la Costa del Sol.
José Eugenio Arias Camisón no se muerde la lengua al calificar como «golpe de Estado» la decisión de la Junta de Andalucía de cerrarle su asador el 10 de febrero. La semana pasada le levantaba el veto porque acató cumplir la ley. Eso sí la sanción de 140.000 euros sigue en vigor.
Ese acatamiento tiene fecha de caducidad. No se arredra al decir que «antes de despedir al personal fiel que tengo o del cierre del negocio vuelvo a permitir furmar».
Este hostelero explica que reculó de su postura inicial por su familia y por sus 16 empleados, a los que agradece el apoyo incondicional que le han mostrado. Pero considera un contrasentido que le obligasen a retirar de su asador los carteles de permitido fumar y que en cambio pueda disponer de máquinas expendedoras de tabaco. «El Estado recauda 7.000 millones de euros anuales en impuestos. Para eso no es un producto tan dañino», afirma.
Esa cruzada contra la ley antitabaco, que tilda de «dictatorial», no sólo la seguirá en los tribunales, sino también en la calle. El próximo 3 de marzo retomará en Salamanca la campaña de firmas. Asegura que ya ha recabado «entre 125.000 y 150.000». Cuenta que sólo en la reciente manifestación de Madrid recogió «unas 50.000».
En esa gira tiene previsto hacer un alto en Lugo. Su objetivo es reunir medio millón de firmas para presentar una cuestión de inconstitucionalidad en el Congreso de los Diputados. La idea la capitaliza la Asociación reforma o ruina, creada por hosteleros insumisos.
Advierte que esa insumisión la podría trasladar también a la hora de pagar sus impuestos. «Si no me dejan facturar no puedo pagar», se justifica.
El día que la Junta de Andalucía le cerró su restaurante de Guadalmina, en el que lleva diez años, colocó el cartel de cerrado por vacaciones. Hasta el próximo 10 de marzo no reabrirá.
Vínculos con Lugo
En ese alto que ha hecho en su cruzada contra la ley que prohibe fumar en los establecimientos de hostelería, Arias Camisón está aprovechando para pasar unos días de asueto con su esposa y sus tres hijos en el norte, a caballo entre Asturias y Galicia.
La bisabuela de su esposa era lucense. Pero ése no es el motivo de que cada año se acerque a la ciudad de la murallas. «Desde 1989, fruto de un viaje de novios, vengo mucho a Lugo, ciudad que me encanta y donde tengo muy buenos amigos».
Cuando recibió ayer la llamada telefónica de su abogado para comunicarle que le habían admitido a trámite la demanda, estaba compartiendo mesa y mantel con su familia y unos amigos en el restaurante O Cantiño del casco histórico.
Ese vínculo de Arias Camisón con Lugo también es profesional. Este donostiarra, que tuvo que abandonar el País Vasco tras recibir cinco cartas amenazantes de la banda terrorista Eta, recuerda que cuando tenía en Marbella una empresa de carpintería de interiores uno de sus principales proveedores era Maderas Besteiro.
