El fiscal solicita tres años de prisión para el expresidente de la Diputación Francisco Cacharro por su implicación en la operación Muralla, que desde hace siete años investiga la adjudicación de contratos de manera supuestamente irregular a la consultoría de ingeniería Senén Prieto. Junto a Cacharro, los únicos que siguen imputados en este macrosumario son precisamente el socio de dicha consultoría y entonces ingeniero jefe de Vías y Obras de la Diputación, José Manuel Romay López, y el también ingeniero José Enrique Cacicedo, a quien le eran adjudicados los contratos y que luego facturaba a Senén Prieto. Los tres se enfrentan a las mismas penas.
Además de los tres años de prisión, la Fiscalía pide la inhabilitación de Cacharro para empleo o cargo público y una multa de 3.000 euros. En principio, la jueza que instruyó el asunto, Ángela Galván, había señalado a los tres imputados como supuestos autores de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la administración. El auto de transformación en procedimiento abreviado exoneraba totalmente a otras cinco personas que habían sido imputadas inicialmente.
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