La oficina del Defensor del Pueblo sigue el caso de varias de las mujeres que prestaron declaración en la instrucción de la operación Carioca, que desde hace cuatro años trata de desentrañar las relaciones de funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el mundo de la prostitución en Lugo. Once de esas prostitutas, según los datos aportados por la propia institución, tienen reconocida la condición de testigos protegidas; además, hasta 2011 las autoridades habían suspendido las órdenes de expulsión del país que pesaban sobre 131 de estas mujeres.
Estos datos figuran en el informe ‘La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles’, realizado en 2012 por el Defensor del Pueblo y que ahora se está haciendo llegar a las personas e instituciones con responsabilidad en estos asuntos. Con este motivo, la asesora de esta institución para el área de inmigración y asuntos exteriores, Elena Arce, se reunió ayer en Lugo con la titular del juzgado de instrucción número 1, Pilar de Lara, responsable de la operación Carioca.
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