Los comedores escolares que dependen del Concello y que en la actualidad utilizan unos 300 niños de la capital podrán seguir funcionando en el futuro, según aseguró ayer la Xunta para disipar los temores que vienen planteando reiteradamente los padres desde que se aprobó la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que limita las competencias que pueden prestar los ayuntamientos.
Así, la Xunta recalcó que trabaja en una ley de medidas urgentes -cuyo borrador ya ha remitido a la Fegamp para recabar su opinión- que permitirá que los Ayuntamientos continúen prestando servicios que ya daban a los ciudadanos antes de que se aprobara la restrictiva normativa estatal.
El proyecto de ley, que la Xunta quiere aprobar cuanto antes, establece específicamente que en el caso de los concellos que vinieran prestando servicios como el de comedor no existe inconveniente en que continúen haciéndolo.
