Los servicios legales del Ayuntamiento de Lugo acaban de presentar ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un escrito de impugnación contra la reclamación de la Seguridad Social de 1.167.000 euros, en concepto de cuotas impagadas por la empresa concesionaria del matadero municipal, Frimiño.
Hay que recordar que el matadero municipal fue desmantelado definitivamente en 2009, después de 20 años de concesión del servicio a Frimiño en el que no pagó ni el canon municipal, ni las facturas ni la Seguridad Social. Al final, una quincena de empleados se quedaron en la calle.
El INSS, ante la imposibilidad de cobrar los 1,16 millones a la empresa, reclamó esta cantidad al Concello aplicando una interpretación de la ley que considera a los contratistas principales responsables subsidiarios de las actuaciones de las firmas subcontratadas. Además, entiende que la actividad del matadero es propia de la administración municipal y que por tanto la empresa concesionaria sólo era la encargada de gestionar ese servicio obligatorio.
Los asesores legales del Concello, sin embargo, tienen una opinión muy distinta. En primer lugar, alegan en la demanda interpuesta contra el INSS, aclaran que el servicio de matadero fue suprimido del listado de servicios que deben ofrecer obligatoriamente los municipios en 1996, por lo que desde entonces es de libre prestación.
En segundo lugar, razonan que la normativa en la que se refugia el INSS para su exigencia regula las contratas y subcontratas que están basadas en principios de actuación económica en los que rige únicamente el beneficio económico; una concesión pública para prestar un servicio no busca el beneficio puro, sino el interés general.
Además, el Concello abre una segunda vía alternativa, la de prescripción. En el relato que hace en su demanda contra el INSS, recuerda que este organismo inició en 2003 sus acciones legales contra la empresa Frimiño para cobrar las deudas, y que sólo después de que judicialmente esta firma fuera declarada insolvente -en resoluciones de 2008 y 2009- el INSS derivó la reclamación de las deudas hacia el Concello de Lugo. Es decir, que la primera reclamación es de septiembre de 2010, mientras que la deuda prescribe a los cinco años.
