"Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la resolución de este jurado. Si dicen que recurramos, recurriremos, y si no, pagaremos esos 800.000 euros más. No es tanto, porque dentro de esa cifra también está incluida la parte del Ayuntamiento de Lugo", precisó el alcalde en declaraciones recogidas por AGN.
López Orozco opina que "entre lo que pedían ellos, más de cinco millones de euros, y lo que les ofrece el jurado de expropiación hay una gran diferencia, lo que demuestra que no hicimos una tasación tan mala como nos decían al principio".
Tras fracasar las negociaciones con los demás municipios para hacerse con la propiedad del edificio, el gobierno local inició en 2008 el expediente de expropiación, en base a una tasación que fijaba en 1.505.614 euros el precio del inmueble, para rehabilitarlo con ayuda del plan europeo Urban y convertirlo en un centro cultural.
La negativa de los demás ayuntamientos a aceptar la cantidad tasada como pago, sobre todo por parte de los cuatro municipios gobernados por el PP, hizo obligatoria la mediación del Jurado de Expropiación de Galicia, un órgano colegiado de la Administración autonómica especializado en fijar el precio justo dentro de los procedimientos de expropiación forzosa.
El Ayuntamiento de Lugo tiene el 30,8% de la vieja cárcel, mientras que Friol posee el 13,8%; seguido de Castro de Rei, con el 11,2%; O Corgo, con el 10,7%; Castroverde, con el 9,01%; Guntín, con el 8,84%; Outeiro de Rei, con el 8,11%, y Pol, con el 7,43%.
El alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, anunció que el Ayuntamiento de la capital está dispuesto a pagar la cantidad en la que el Jurado de Expropiación Forzosa de Galicia fijó la tasación de la antigua cárcel del Partido Judicial, un total de 2.366.689 euros, siempre que los servicios jurídicos municipales, que están analizando la resolución, desaconsejen la interposición de un recurso contra dicha decisión.
La tasación realizada por el citado jurado sube en 861.075 euros la valoración efectuada por los técnicos del Concello de Lugo, que fue recurrida por varios de los ayuntamientos del partido judicial que tienen parte en la propiedad de ese inmueble, por el que reclamaban el pago de 5.801.422 euros.
