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El Concello dice ahora que carece de videovigilancia en el casco viejo de Lugo

La polémica por la denuncia del Movemento polos Dereitos Civis sobre la existencia de cámaras de vigilancia sin autorización en el caso viejo dio este martes un sorprendente giro, al rectificar el Concello todas sus informaciones anteriores y asegurar que en dicha zona no existe ningún tipo de videovigilancia. Según las fuentes municipales, sólo hay cuatro cámaras, ambas en el edifico de la Policía Local y autorizadas.

El Concello rectificaba así los datos facilitados el lunes, cuando aseguró que 17 cámaras vigilaban los edificios municipales, con la autorización correspondiente de la comisión formada por la Delegación del Gobierno y el TSXG, autorización cuya renovación había sido solicitada el pasado día 2 de marzo. La propia Delegación del Gobierno en A Coruña aclaró este martes que dicha renovación correspondía a las cámaras situadas en O Ceao, y se reafirmaba en la información que había facilitado a finales de marzo al Movemento polos Dereitos Civis:  "No consta ninguna solicitud en vigor de autorización ni de renovación para instalar cámaras" en la zona centro de Lugo.

Además, las fuentes de la Delegación del Gobierno recordaban  que el Concello sí solicitó dichos permisos para videovigilancia en el centro de la ciudad "hace unos años", pero que no se realizó ninguna petición de renovación, por lo que la autorización habría caducado en 2008. Además, según las fuentes de la delegación gubernativa, las supuestas cámaras están pendientes de un proceso judicial, por lo que no tienen previsto tomar medidas al respecto hasta que no se conozca la sentencia.

Proceso judicial
La Delegación confirmaba de este modo la información facilitada por el Movemento polos Dereitos Civis, que denunció por este asunto ante el juzgado contencioso-administrativo número 2 de A Coruña tanto a la Delegación del Gobierno como al Concello. Según explicaron este martes a este diario los servicios jurídicos de dicha asociación, ese juicio ya se celebró y está en conclusiones, a punto de dictarse sentencia.

El Concello de Lugo había anunciado en febrero del año pasado que tenía los permisos necesarios para que las 14 cámaras de tráfico y las cinco que controlan los accesos de vehículos al centro funcionaran también como videovigilancia. Además, adelantaba que en los meses siguientes se iban a colocar otras 17 más para vigilar edificios públicos en la zona monumental.

La intención anunciada por el Concello de Lugo hace meses era que las cámaras que tiene instaladas para gestionar el tráfico fuesen autorizadas también para funciones de videovigilancia. Sin embargo, hay varios casos abiertos que hacen dudar de la eficacia de esta medida, como los tres atropellos con fuga que fueron grabados por diversas cámaras y que, pese a la existencia de imágenes, están todavía sin resolver.

El problema es que estas cámaras enfocan grandes áreas para permitir una mejor gestión del tráfico, pero su definición no permite apreciar los detalles de los vehículos que aparecen en las imágenes grabadas, como el número de la matrícula.

Las que vigilan O Ceao, también ante el juez
Según todos los datos, las únicas cámaras de videovigilancia que en estos momentos cuentan con autorización son la treintena que se instalaron en O Ceao. Ese permiso es concedido por la Comisión de Garantías de Vidovigilancia, formado por representantes de la Delegación del Gobierno en Galicia y por miembros del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Dicha autorización ha de renovarse anualmente; la que tiene el Concello de Lugo caduca en 18 de abril y la petición de renovación lleva fecha de registro del 2 de marzo pasado, por lo que no es previsible que haya problemas al respecto.

Sin embargo, esta treintena de cámaras también son objeto de un juicio en el contencioso administrativo interpuesto por el Movemento polos Dereitos Civis. En este caso, el demandado no es el Concello, sino la Delegación del Gobierno de Galicia.

Esta asociación solicitó información al organismo gubernamental acerca de la autorización otorgada para dichas cámaras, y este emitió un documento en el que negaba al Movemento polos Dereitos Civis acceso a dicha documentación. Esa decisión administrativa fue la recurrida, y el juez ya falló a favor de la asociación, que ahora está pendiente de recibir la información.

La asociación considera que el despliegue de 30 cámaras en O Ceao vulnera la necesidad de proporcionalidad que marca la ley que regula la videovigilancia. Según los servicios jurídicos de la asociación, "este tipo de cámaras se han de poner en lugares donde no exista la posibilidad de tener una mejor vigilancia, y consideramos que en un polígono industrial, lo más adecuado es que se disponga de vigilantes jurados, y no de un sistema desproporcionado de grabación que puede vulnerar derechos fundamentales de las personas".

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