El informe sobre el recorte de personal y de retribuciones salariales de la Cámara de Comercio de Lugo quedó ayer sobre la mesa. El comité ejecutivo que se reunió para analizarlo, con la ausencia de tres de sus once miembros, optó por no tomar ninguna decisión.
También se acordó que el presidente de la Cámara, Eduardo Núñez-Torrón, elaborará otro informe sobre las medidas a adoptar para garantizar la viabilidad de esta entidad. No se ha fijado un plazo, aunque se pretende que no se demore.
Cuando se disponga de ese segundo estudio, el comité ejecutivo se reunirá para analizar los pros y contras de ambos y entonces ya se posicionará sobre las medidas que debe tomar. Sea cuál sea esa decisión, todavía no será definitiva, porque quien debe dar su visto bueno es el pleno de la Cámara lucense, que conforman 25 miembros.
El único informe elaborado hasta el momento, que fue encargado por el comité ejecutivo a una comisión compuesta por tres miembros de este órgano de gobierno, propone, entre otras medidas, despedir 9 de los 23 trabajadores de esta entidad, reducir salarios y mantener solo una de sus sedes.
Desde la asociación de personal de las cámaras gallegas se ha pedido que se posponga cualquier decisión a la espera de la auditoría que va a realizar el Consello de Contas de Galicia a cada una de las nueve entidades que hay en esta comunidad autónoma, en la que analizará su viabilidad y fiscalizará el uso que han hecho de las ayudas recibidas.
