El gobierno local confirmó ayer que desde enero pasado tiene paralizados por orden judicial el abono de las certificaciones de obra pendientes de pago con la Ute Cárcel de Lugo 11, adjudicataria de la primera fase de la rehabilitación de la vieja cárcel de Lugo. Estos trabajos llevan meses paralizados y a raíz de la entrada en concurso de uno de los socios de la Ute, la firma vasca Galdiano.
El juzgado de primera instancia número 5 fue quien ordenó retener estos pagos, después de admitir la demanda presentada por una empresa lucense que fue subcontratada por la Ute y a la que se le deben unos 20.000 euros de varias facturas. Este juzgado envió el primer requerimiento a finales de enero pasado, aunque al no recibir respuesta por parte del Concello, remitió un segundo oficio en marzo insistiendo en que se cumpliese la orden.
San José podría asumir también este contrato
El Concello negocia con la empresa adjudicataria de la segunda fase de la rehabilitación de la vieja cárcel, la constructora gallega San José, que se haga cargo del contrato correspondiente a la primera fase.