La delegada municipal de urbanismo de Lugo, María Novo, calificó este miércoles de "temor infundado" que se piense que el PGOM va a permitir construir edificios junto al cauce del Rato, como así denunciaron en una alegación unos 240 vecinos de la ciudad.
María Novo explicó que los suelos en esta zona corresponden a planeamiento por desarrollar, por lo que cualquier petición de licencia para construir en el entorno fluvial, "como en cualquier zona de protección, precisa de un informe de la Consellería de Medio Ambiente", explicó. Además, la edil dijo que Xunta y Ayuntamiento están cotejando cartografías para evitar errores en la catalogación de cauces.
Respecto al PGOM, la delegada de urbanismo explicó que el gobierno local confía en que este mes quedé cerrada la negociación con la Xunta con vistas a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). "Quedan unas dos reuniones con las consellerías de Medio Ambiente y Cultura para dar por cerrado el trabajo", señaló este miércoles María Novo, quien añadió que una vez se concreten los cambios a introducir en el documento, deberá ser el pleno municipal el que dé el visto bueno al plan para remitirlo de nuevo a la Xunta.
Posteriormente, la Administración autonómica tendrá un plazo de tres meses para aprobarlo definitivamente o bien devolverlo al Concello para una nueva modificación, lo cual dilataría aún más el proceso. En todo caso y a tenor de las reuniones que se están manteniendo, Novo cree más factible que la Xunta dé luz verde al PGOM, de tal forma que pueda estar en vigor el próximo verano.
La delegada de urbanismo reiteró que las negociaciones para dar cumplimiento a las modificaciones planteadas por la Xunta al documento están muy avanzadas, ya que asegura que si con la Consellería de Medio Ambiente apenas quedan cuestiones técnicas por cerrar, con Cultura están a la espera de recibir el informe definitivo.
María Novo también explicó que el gobierno local envió toda la documentación solicitada por la Fiscalía relativa a la nueva catalogación de suelos que contempla el PGOM. La autoridad judicial pidió documentación gráfica, la mayoría relacionada con urbanizables, aunque de distintas zonas del municipio. Demandó, en concreto, planos de Fixós, Bosende, A Campiña y la carretera vieja de Santiago. También pidió algunos documentos relacionados con la mediana con aparcamiento existente en Duquesa de Lugo, a la altura de O Ceao, un aspecto que no quedaba claro en el escrito enviado por el Ministerio Público, por lo que el gobierno local decidió pedir que se concretase más la información solicitada. La concejala María Novo explicó que una vez fueron aclaradas estas dudas, el Concello remitió toda la documentación a la Fiscalía, aunque desconocen cuál es el fin último de esta solicitud.
Alpul
Todo parece indicar que la autoridad judicial actuó a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Afectados por la Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo, Alpul, al considerar que el PGOM presenta "indicios de ilegalidad", según explicó su presidente José Cabanas.
Este colectivo, que celebró su primera asamblea el pasado noviembre, fue promovido por propietarios de terrenos de las zonas de A Campiña y As Gándaras, que consideran que en el plan se da un trato discriminatorio a sus fincas y creen que hay un agravio comparativo con otros dueños de terrenos situados en otras zonas de la ciudad, incluidos políticos.
