Diez imputados de la operación Muralla, víctimas de siete años de retraso judicial

Francisco Cacharro, en una rueda de prensa de mayo de 2006 (Foto: J. VÁZQUEZ)
photo_camera Francisco Cacharro, en una rueda de prensa de mayo de 2006 (Foto: J. VÁZQUEZ)

Siete años bajo sospecha. Así están las diez personas que en mayo de 2006 fueron detenidas en la operación Muralla y sobre las que desde entonces pesan diversas imputaciones. La Justicia tiene que garantizar al ciudadano celeridad en el proceso, algo que no parece cumplirse, de ahí que los abogados tengan previsto utilizar la «dilación indebida» como argumento principal para la defensa de sus clientes.

Cinco de ellos entregaron para eludir la prisión fianzas que rondaban los 20.000 euros, que no recuperaron, y casi todos tienen sus ordenadores y documentación depositada en el juzgado. No fueron llamados para nada durante este tiempo.

Un tira y afloja entre la Fiscalía y el juzgado desde el principio
La falta de sintonía, los cambios de fiscal y la dificultad para examinar los documentos marcan una operación caótica

18 de mayo de 2006. El fiscal jefe de la época, Jesús Izaguirre, desarrolla una operación histórica para Lugo. Lo acompañan el secretario del juzgado número 3 (hoy Mercantil) y el jefe de la Policía Judicial, en una terna que recorre la ciudad registrando diferentes lugares, entre ellos la propia Diputación, las empresas Senén Prieto y Setramur y varios domicilios particulares. La jueza no interviene, pero está al tanto desde la madrugada anterior.

Podría decirse que fue el único momento de sintonía. Cuatro días después, la magistrada Ángela Galván remite a través del TSXG un desmentido al jefe de la Fiscalía. Izaguirre había declarado a los medios que los detenidos reconocían la existencia de «comisiones», y la jueza le sale al paso matizando que en sus testimonios se habló solo de «pagos»

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