La administración comete errores que acaban pagando todos los contribuyentes. El Concello lucense no es ajeno a esta mala práctica ya que, según los datos ofrecidos ayer en rueda de prensa por la concejala Raquel Castiñeira, el año pasado tuvo que hacer frente al pago de más de 166.000 euros por condenas judiciales en concepto de responsabilidad patrimonial, tasación de costas, así como por minutas de procuradores.
La edil popular considera que estos gastos procesales son en ocasiones «perfectamente evitables» y citó el caso de la indemnización de cerca de 75.000 euros que el Concello tuvo que abonar por la construcción de un paso elevado a la altura de la terminal de mercancías de Adif, que invadió fincas y afectó a naves en la Rúa dos Carros del polígono de O Ceao.
