LA CHAPUZA sigue siendo la marca de fábrica de muchas administraciones en donde, por falta de medios o dejadez de sus responsables políticos o técnicos, afloran a diario ejemplos de la mala práctica a la hora de ejecutar obras, poner en marcha concursos o contratar personal.
El Concello de Lugo no es ajeno a una forma de gestión a la brava a la que todas las administraciones, aunque especialmente las diputaciones, han demostrado un especial apego. Las investigaciones judiciales abiertas en los últimos años por los juzgados de instrucción han sacado a la luz algunos ejemplos de esa forma de gestionar lo público como si de la casa propia se tratase, con decisiones arbitrarias que vulneran la legislación sobre contratos o con adjudicaciones sin los preceptivos informes técnicos. La oposición lucense sacó esta semana a colación algunos casos que en los últimos meses han resultado sonados y que han motivado denuncias y sentencias judiciales por las que el Concello ha tenido que hacer frente a indemnizaciones o costas procesales.
Las últimas chapuzas que conocemos en el ámbito local emergieron tras conocerse que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó reiniciar el concurso de adjudicación del sistema Ora, al no haber sido convocado un comité de expertos para valorar las ofertas de una concesión millonaria. El gobierno local considera que no era necesario esta comisión, aunque la ley es clara en este sentido para asegurar la limpieza del proceso y así se hace constar en una sentencia judicial que puede salirle cara a los lucenses.
También supimos esta semana cómo el anterior exconcejal de infraestructuras, José Piñeiro, que debería haber acumulado amplia experiencia en la gestión pública después de tantos años, encargó a una empresa la restauración de los cuatro leones originales de la fuente de la matrona sin haber iniciado los trámites de contratación. La consecuencia final fue la más lógica, los técnicos municipales se negaron a firmar cualquier pago y el dueño de la firma se ha visto obligado a hacer la reclamación por la vía judicial. Al final, si la Justicia acaba dando la razón a la empresa, volveremos a ser los lucenses quienes asumamos la factura de la restauración, los intereses de demora y las costas del juicio, cuando en realidad deberían de ser los responsables políticos quienes tendrían que asumir los costes de la ‘desfeita’.
Pero aunque estas chapuzas pueden saldarse solo con costas procesales, que según el PP ya han supuesto en lo que va de año más de 90.000 euros de desembolso para el Concello, tenemos otros casos en los que la actuación de gobiernos de uno y otro color puede salirle por un pico a Lugo. La catalogación que hizo el PP de O Garañón y la aprobación del Peri que luego efectuó el PSOE puede derivar en una indemnización millonaria para el Concello, al igual que los siete de millones de euros que va a haber que desembolsar en expropiaciones a propietarios de fincas en O Carme por una errónea catalogación realizada durante el mandato de los populares.
El ‘ti vai facendo e xa amañaremos’ fue durante muchos años una práctica habitual en unas administraciones gobernadas por políticos que preferían mirar para otro lado ante las irregularidades para no perder votos. Pero las chapuzas a la larga salen caras y las tenemos que pagar entre todos.
Hemeroteca traidora
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