Cámaras bajo sospecha

El Movemento polos Dereitos Civís de Galicia anunció este lunes que ha presentado un escrito ente el Valedor do Pobo para que exija al Ayuntamiento de Lugo la retirada de las cámaras de videovigilancias de la zona centro, ya que, según la Delegación del Gobierno, carecen de autorización para funcionar. Sin embargo, el gobierno local desmintió este punto y aseguró que la autorización caduca el 18 de abril y que ha solicitado, como es preceptivo cada año, la renovación de dicho permiso.

El problema parece residir en la información que la Delegación del Gobierno de Galicia ha facilitado a dicho movimiento. En un escrito fechado el pasado 24 de marzo, el responsable directo de las autorizaciones de las cámaras de la Delegación del Gobierno, Francisco Veloso, responde a la citada asociación que "no consta ninguna solicitud en vigor de autorización ni de renovación para instalar cámaras" en la zona monumental de Lugo.

Sin embargo, el Ayuuntamiento tiene 17 de ellas vigilando la zona centro desde 2009, con los correspondientes permisos tanto de la Comisión de Garantías de Videovigilancia —un órgano mixto formado por miembros del TSXG y la Delegación del Gobierno— como de la Agencia de Protección de Datos. Según el Concello, la petición para renovar ese permiso, que caduca el 18 de abril, fue presentada ante el organismo gubernamental en marzo, con fecha de registro del día 2 del pasado mes.

La Delegación del Gobierno, en A Coruña, no pudo ofrecer este lunes una explicación sobre esta confusión, aunque según el Movemento polos Dereitos Civis no sería  la primera vez que le da información equivocada sobre cámaras en Galicia, pese a ser el organismo responsable de su control.

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