Caja Duero no le aceptó a un cliente de Lugo, por estar escrito en lengua gallega, un informe oficial de la Xunta, que éste le remitió para dar de baja a su esposa fallecida como titular de una cuenta bancaria.
La entidad financiera le solicitó al afectado que le volviese a enviar el documento trascrito en castellano por la administración correspondiente o interpretado por un "traductor jurado".
El argumento que da la asesoría jurídica consultiva de Caja Duero, con sede en Madrid, para no dar validez a esos documentos es simple, "están emitidos en el idioma gallego, que desconocemos", según aparece en el escrito que le hicieron llegar a su cliente, que tiene una cuenta abierta en su oficina de Lugo.
El afectado, que prefirió mantener su anonimato, inició en la sucursal de la capital lucense los trámites para dar de baja a su esposa como titular. Entre los informes que le requirieron figuraba la liquidación del impuesto de sucesiones. Él además es el representante legal del único hijo del matrimonio, heredero de la fallecida que tiene reconocida una incapacidad psíquica.
El de sucesiones es un impuesto transferido a la Xunta de Galicia. El certificado público que emite esta administración está escrito en gallego, lengua reconocida como cooficial por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía.
Tras entregar a Caja Duero la documentación solicitada, este cliente se encontró con que la asesoría jurídica consultiva de la entidad financiera se la devolvía alegando que "no estaba conforme con ella".
Entre las consideraciones que le hacía, indicaba que "los documentos enviados están emitidos en el idioma gallego, que desconocemos. Por lo tanto éstos deben ser remitidos en castellano o en el caso de que se encuentren en gallego, traducidos al mismo por traducción jurada".
"Exagerado"
El cliente, que puso el caso en manos de un abogado para asesorarse sobre posibles acciones a emprender, considera "exagerado" y "una tomadura de pelo" el argumento que le da el gabinete jurídico para no aceptar su documentación para un trámite tan sencillo como dar de baja a un fallecido como titular de una cuenta bancaria. "Es una imposición de una entidad que tiene implantación en Lugo", agregó.
La abogada de la asesoría jurídica de Caja Duero que firma la contestación reiteró este martes a esta redacción que se produciría "un problema" si la documentación que les llega desde "Galicia, País Vasco o Cataluña" fuese escrita en la lengua cooficial de cada una de estas comunidades autónomas. "No nos vamos a poder comunicar", agregó.
Esta letrada ratificó que el cliente que ha levantado la polémica debe reenviar los informes oficiales trascritos al castellano por la Xunta o interpretados por un traducción jurada.
