El anterior presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, prestó este jueves declaración en el juzgado de instrucción número 2 de la capital lucense en relación con la operación Muralla, el amplio despliegue judicial y policial ordenado en mayo de 2006 por el entonces fiscal jefe, Jesús Izaguirre, y destinado a destapar un supuesto fraude de contratación de obras en la Diputación de Lugo.
A punto de cumplirse tres años del operativo, Francisco Cacharro fue llamado a declarar por la Fiscalía en calidad de testigo y contestó a las preguntas del ministerio público durante más de una hora. En su declaración —de la que rehusó hacer comentarios a la salida del juzgado— Cacharro explicó cuál era su función como presidente provincial en relación a los proyectos de obra.
En declaraciones posteriores a este medio, el ex presidente provincial insistió en que no ve "nada delictivo" en las actuaciones que se investigan.
Actuaciones
La operación Muralla se inició el 18 de mayo de 2006, cuando la comisión judicial entró en el edificio de la Diputación, precintó el despacho del jefe de servicio e inspeccionó la oficina del delineante.
A lo largo de la mañana —y ante la mirada atónita de funcionarios y curiosos—, la Policía detuvo a siete personas relacionadas con presuntas ilegalidades, que consistirían en la obtención de concursos para realizar proyectos de obra en situación ventajosa, de los que se beneficiarían la oficina de arquitectos Senén Prieto y la firma de señalización vial Setramur.
En los días posteriores, las fuerzas de seguridad detuvieron a otras tres personas por su presunta implicación en la trama, que se convirtió en todo un fenómeno mediático.
Pasada la tempestad, el organismo provincial recuperó la calma y la instrucción judicial se desarrolló desde entonces con aparente tranquilidad, hasta el punto de que varios letrados declaraban hace un año que las actuaciones estaban "bastante paradas".
Recta final
La declaración de Francisco Cacharro devuelve a la palestra la investigación de la operación Muralla, que entra en su fase final al encontrarse únicamente pendiente de la realización de una prueba pericial.
Esta actuación consistirá en aclarar si existió un sobrepago en los proyectos de obra encargados a las empresas implicadas en el caso, es decir, si las cantidades de dinero que se abonaban a dichas firmas por los trabajos realizados para el organismo provincial eran superiores a las que cobraban en la fecha otras empresas.
De este modo, la investigación se encuentra ahora a la espera de encontrar un perito que pueda dilucidar si existió o no un perjuicio económico para la Diputación lucense.
Finalizado este trámite, la Fiscalía decidirá los términos en los que presentará su acusación para, posteriormente, fijar la fecha de un juicio que sin lugar a dudas despertará más expectación que el propio despliegue policial que destapó la supuesta trama.
Diez personas en libertad con cargos desde hace tres años
El intenso dispositivo ordenado por Izaguirre se saldó en mayo de 2006 con diez personas arrestadas: el jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación, su predecesor en el cargo, las esposas de ambos —accionistas de Senén Prieto—, un ingeniero y el administrador único de dicha empresa, el propietario y una empleada de Setramur, un delineante de la Diputación —antiguo socio de esta última fima—, y un ex ingeniero municipal.
Tras prestar declaración en el juzgado de instrucción número 3 de la capital lucense, los diez detenidos fueron puestos en libertad con cargos, cinco de ellos tras pagar sendas ¡ fianzas de entre 9.000 y 18.000 euros.
