Algo menos de tres folios y una hora de testimonio. Así se resume la declaración como imputado en la operación Muralla del expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, cuyo contenido es casi idéntico al resultante de su anterior presencia ante la jueza instructora, en marzo de 2009, en aquella ocasión como testigo. Básicamente dijo que casi siempre contrataba los proyectos al mismo ingeniero porque «trabajaba muy bien» y que desconocía la relación del jefe de Obras con el estudio Senen Prieto SL. No hubo prácticamente ni una sola pregunta sobre las nuevas pruebas que aconsejaron su citación ayer.
La declaración se produce después de que la Audiencia Provincial aceptase la petición de la Fiscalía de volver a citar a Cacharro, pese a que la jueza había rechazado esa pretensión hasta en dos ocasiones, precisamente porque interpretaba que el expolítico había dado en su día todas sus explicaciones. El alto tribunal lucense estimó importantes dos informes llegados hace un año, uno de la Udef y otro de Hacienda, que podrían resultar esclarecedores y merecer un mayor número de preguntas. Por eso ordenó citar como imputado a Cacharro.
¿Pone esto la puntilla a la operación Muralla?
La importancia del caso Muralla continúa desvaneciéndose con los años. La declaración de Cacharro, exculpatoria hacia sus subordinados y efectuada además como testigo y como imputado, desmorona cualquier posible acusación contra los principales imputados, funcionarios de Obras de la Diputación. Si Cacharro asume su potestad de decidir a quién da los proyectos, el caso parece condenado al archivo. Cabe la posibilidad de atribuir algún tipo de delito de negociaciones prohibidas a los empleados públicos, penado con multas en inhabilitaciones, aunque esta posibilidad parece hoy remota.
Los dos informes con los que se pretendió arrojar luz sobre la causa resultaron reveladores del fracaso de la investigación. Esos estudios, de Hacienda y de la Udef, se vieron durante años como la única salida para un caso atascado.
