Buenas prácticas para todo

Cartel informativo de los derechos del ciudadano en las oficinas municipales (Foto: AEP)
photo_camera Cartel informativo de los derechos del ciudadano en las oficinas municipales (Foto: AEP)

LAS NORMAS SE redactan para cumplirse aunque a algunos les pierdan las formas a la hora de aplicarlas. Las administraciones generan cada año un buen número de quejas de los ciudadanos relacionadas con esas malas prácticas de los funcionarios o del personal de empresas contratadas para realizar servicios públicos, y a las que el Concello de Lugo no es ajeno. Y como quiera que son los responsables políticos los que acaban siendo el blanco de las críticas por el funcionamiento de las entidades públicas, en el caso lucense parece que se están dando los pasos para conseguir un cambio de tendencia y caras más amables en las ventanillas o en la calle.

El sistema Ora, cuyos inflexibles controladores generan a diario lamentos de damnificados, es uno de esos servicios a los que el gobierno local pretende darle una vuelta a pesar de que ello suponga una merma en la recaudación. El alcalde José López Orozco reconocía esta semana que está en fase de elaboración una especie de «guía cunhas pautas de actuación» que le será entregada a la empresa concesionaria antes de acabar el mes. El regidor asiente cuando se le pregunta por las quejas de conductores que, tras encontrarse con una multa, reciben secas o impropias contestaciones por parte de los vigilantes y, aunque defiende el cumplimiento de la ordenanza, también admite que se debería de dar un margen de minutos a los ciudadanos para poder cambiar monedas para sacar el tique en la máquinas expendedoras.

Orozco hacía estas declaraciones desde Madrid, ciudad a la que acudió precisamente a unas jornadas de la Femp sobre buenas prácticas en la gestión de los planes Urban y donde expuso el caso de Lugo, que ha recibido premios precisamente por cómo está utilizando estos fondos europeos para reactivar la economía del casco histórico.

Pero la decisión de poner coto a la intransigencia de la empresa de la Ora no fue la única medida que adoptó esta semana el ejecutivo local para implantar la filosofía de las buenas prácticas en la administración local. La junta de gobierno daba luz verde el miércoles a una guía de actuación dirigida a los diferentes servicios municipales sobre cómo tratar con las empresas contratadas por el Concello y para evitarse denuncias de los empleados de estas firmas que deriven en condenas por cesión ilegal de trabajadores. La iniciativa llega tras las reiteradas demandas de la junta de personal municipal en las que se alertaba de una posible lluvia de demandas laborales de operarios que estarían desempeñando trabajos propios de un funcionario, en instalaciones y con material del Ayuntamiento, y bajo las órdenes directas de jefes de servicio.

La aplicación y supervisión de estas «instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de los contratos de servicios y de gestión de servicios públicos», que es como se denomina la guía, corresponderá a cada uno de los concejales del gobierno en los departamentos que dirijan, aunque teniendo en cuenta que ni siquiera el Concello puede determinar qué cantidad de personas está trabajando como personal externo para la administración municipal, va a resultar todo un reto para los ediles tratar de implementar estas normas.

Pero las buenas prácticas no solo son exigibles al sector público, que pagamos entre todos, sino también en el privado, que si bien se autoregula por la ley de la oferta y la demanda, nos deja a diario ejemplos de trato mejorables en unos casos y hasta censurables en casos extremos. El comercio o la hostelería y también esas grandes compañías que nos sitúan al otro lado del aparato telefónico voces ásperas o que, directamente, nos mantienen durante minutos en espera, también deberían aplicarse el cuento, al igual que los medios de comunicación, donde a diario encontramos casos de mala praxis profesional.

El PP municipal dirige su artillería contra Besteiro, ahora que es líder del PSdeG

El PP municipal parece que a partir de ahora va a colocar en la diana de las críticas a los socialistas del Concello a un concejal sin competencias, José Ramón Gómez Besteiro, pero no porque les interese auditar su labor como presidente de la Diputación, que para eso está el grupo provincial popular, sino por el hecho de haberse convertido en líder del PSdeG. Es el enemigo a batir dado que está llamado a ser el rival de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones autonómicas de 2016.

El portavoz del PP, Jaime Castiñeira, abrió ayer fuego contra el político socialista en una rueda de prensa en la que le acusó de haber provocado con su «mala gestión» al frente de urbanismo que hubiese que pagar el doble -unos 340.000 euros más- por la expropiación de unos terrenos en Paradai donde se hizo un paso soterrado sobre la vía férrea y que precisamente inició en 1995 el entonces alcalde popular Tomás Notario.

«Gómez Besteiro deixou de ser concelleiro de urbanismo en 2007 pero, seis anos despois, os lucenses seguimos pagando as consecuencias da súa nefasta xestión», comentaba Castiñeira, mientras detallaba que el sobrecoste fue provocado por una negociación fallida con el propietario y que, al prolongarse demasiado, dio pie a una retasación que subió el precio de la finca.

El portavoz popular, que culpa también al alcalde de este pago que se liquidó en septiembre, incluso llegó a caricaturizar a los dos socialistas advirtiendo que «é un duo que cada vez que se xunta sube o pan».

Esta alusión hacia Besteiro viene precedida de otra denuncia del PP contra la institución que preside y relacionada con la construcción de un muro en unos terrenos de la Diputación en Garabolos que, según Castiñeira, se levantó sin la preceptiva licencia municipal e incumpliendo el PXOM. Lo dicho, el socialista va a tener ahora frentes abiertos por donde vaya.

Comentarios