El Concello no renuncia a cobrar la deuda de casi un millón de euros que dejó la empresa Frimiño, adjudicataria hasta 2009 del matadero municipal. Tras ser localizadas por los técnicos locales varias propiedades que podrían ser heredadas por la que el gobierno local considera que era la gerente de la firma, se realizaron anotaciones preventivas de embargo sobre esos bienes con el objetivo de evitar cualquier venta.
La concejala de economía, Sonia Méndez, informó de esta investigación realizada por el servicio de tesorería municipal para tratar de saber quiénes eran los administradores reales de esta empresa, que desde el año 1989 «no pagó ni los recibos del agua ni el impuesto de vehículos ni el canon por el uso de las instalaciones», comentó. Esta situación acabó por acumular una deuda con el Concello cercana al millón de euros, que sigue generando intereses y recargos.
La edil de economía añadió que una vez localizada la persona que se considera que era la administradora de Frimiño, se buscaron bienes a su nombre con el objetivo de que sirvieran para asumir las responsabilidades de esta empresa. Según Méndez, la tesorería localizó propiedades del padre, ya fallecido, de esta gerente que supuestamente heredará, por lo que se realizaron anotaciones preventivas de embargo, un paso fundamental para impedir que puedan ser vendidas o registradas a nombre de otras personas.
La responsable de economía explicó que los beneficiarios de esta herencia decidieron presentar un recurso contencioso-administrativo y, a la espera de sentencia, pidieron la retirada de este bloqueo de los bienes. «Sin embargo, el juez decretó que solo suspendería las medidas cautelares en caso de que los afectados presentasen como garantía un aval por el importe de lo adeudado», comentó Méndez, quien añadió que el auto habla de que «podría haber un importante perjuicio para la administración municipal».
La concejal, que considera que esta decisión judicial refuerza la actuación del Concello, aclara que finalmente los herederos prefirieron no depositar ningún aval a la espera de que el contencioso-administrativo tome una decisión.
Finalmente, Méndez hizo una valoración «muy positiva» de esta actuación llevada a cabo desde la tesorería y aclaró que, desde la administración local, «vamos a seguir adelante con este expediente y tratar de hacernos con estos bienes para cobrar la deuda y, sobre todo, para demostrar a aquellas personas que tienen impagos que el Concello no renuncia a ejecutarlos», sentenció la edil.
Consecuencias
- Un cierre que creó polémica en los carniceros
La decisión del gobierno local de clausurar el matadero municipal en diciembre de 2009 desató la polémica entre los carniceros lucenses, que incluso llegaron a alertar de un desabastecimiento de producto que no se llegó a dar.
Las negociaciones entre las asociaciones de empresarios y otras firmas del sector para la adjudicación de las instalaciones no llegaron a fructificar a causa de las cargas laborales y las deudas que acumulaba la anterior concesionaria.
| ANTECEDENTES Una sentencia exculpó al Ayuntamiento de tener que asumir la plantilla |
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El cierre del matadero municipal ya llevó con anterioridad al Concello a los tribunales, puesto que los catorce trabajadores despedidos de Frimiño exigieron pasar a formar parte de la plantilla municipal. Sin embargo, una sentencia del juzgado de lo Social número de tres de Lugo declaró en mayo de 2010 nulos los despidos y ordenaba a Frimiño el pago de las indemnizaciones, exculpando al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad solidaria en caso de insolvencia de la empresa. Deuda con el INSS Además, la administración local mantiene en la actualidad abierto un contencioso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que le reclama 1.167.000 euros en concepto de cuotas impagadas por la concesionaria del matadero municipal. El INSS, ante la imposibilidad de cobrar los 1,16 millones a la empresa, reclamó esta cantidad al Ayuntamiento aplicando una interpretación de la ley que considera a los contratistas principales responsables subsidiarios de las actuaciones de las firmas subcontratadas. Los asesores legales del Concello basan su recurso a esta demanda, entre otros argumentos, en que el INSS inició sus acciones en 2003 contra Frimiño y solo cuando fue declarada insolvente en 2009 es cuando actua contra el Ayuntamiento. Es decir, que la primera reclamación de la Seguridad Social es de 2010, mientras que la deuda prescribe a los cinco años. |
