«Erros hainos en todas partes, pero non son tan importantes como para que estes pisos non sexan seguros e non estean protexidos». La edil de servicios sociales, Carmen Basadre, zanjó así las preguntas que el PP lanzó en el pleno municipal sobre las medidas tomadas en las viviendas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género después de que trascendiera que uno de los detenidos en el caso Carioca -el cabo de la Guardia Civil A.L.T.- con acceso a los pisos cometiera presuntamente alguna irregularidad.
A raíz de la investigación iniciada por el juzgado de instrucción número 2 de Lugo, se supo que, en 2005, una trabajadora social del Concello alertó a Basadre de que el cabo -detenido posteriormente, en 2009- supuestamente presionaba con los papeles de residencia a prostitutas extranjeras que estaban acogidas en los pisos municipales para que trabajaran en clubes. Según la denuncia, en una ocasión el agente incluso recogió a una para llevarla a un burdel.
La concejala fue llamada a declarar ante la jueza por este asunto y entonces explicó que informó a la Subdelegación del Gobierno, pero ayer el PP quiso ir más allá para intentar saber qué trámite siguió la denuncia y en qué situación están los pisos. Preguntó, además, si el Concello informó a la Fiscalía y si se cambiaron los pisos de acogida «porque, vendo o que se apunta, as mulleres acollidas estaban totalmente desprotexidas», afirmó el popular Arcadio Silvosa.
Basadre explicó el funcionamiento del servicio de atención a mujeres maltratadas -«individualizado, personalizado e confidencial», aseguró- y rehusó responder a las preguntas del PP porque parte del sumario judicial todavía es secreto. La edil mostró su reconocimiento y apoyo a la jueza por su «implicación e preocupación» por las mujeres que ejercen la prostitución y lamentó las filtraciones. En su opinión, ponen en peligro el proceso.
Basadre acusó, además, al PP de sembrar dudas sobre el apoyo que se presta a las mujeres desde el Concello, «dicindo á lixeira un montón de cousas que eu nin as coñezo nin as recoñezo», dijo. El gobierno pasó de la defensa al ataque a través del portavoz del grupo socialista, Luis Álvarez, que lamentó que Silvosa «tivera o valor de facer preguntas de forma pública que cuestionan un servizo fundamental coa única fin de desgastar o goberno. Válelles todo», dijo.
También Basadre cargó contra Silvosa, que dio el salto a la política en mayo pasado tras años dedicado al periodismo y ayer realizó su primera intervención en un pleno. «Pasou de xornalista a político e agora a xuíz», afirmó la edil, para a continuación recalcar que «non hai pisos vinculados ó caso Carioca senón pisos de acollida e de protección a mulleres vítimas de xénero e os seus nenos».
El edil, sin embargo, recalcó que el PP en ningún momento pone en duda la profesionalidad de los trabajadores del servicio de atención a la mujer y la actuación de Basadre, y por eso lamentó que esta no diera más explicaciones. «Unha irregularidade pode pasarlle a calquera, pero unha vez denunciada, hai que tomar medidas. Seguro que lle deu traslado a alguén, pero probablemente non o fixo no xeito acaído. E hai que facer seguimento», afirmó Silvosa, que además instó a la edil a denunciar a los medios de comunicación si no está de acuerdo con lo divulgado sobre el caso.
| ACUERDOS Unanimidad para impulsar la banda municipal y pedir dinero a la Xunta para Preescolar |
|
Gobierno y oposición sacaron adelante varios asuntos por unanimidad, aunque en algunos ellos el debate fue largo y, por momentos, bronco. La corporación aprobó una propuesta del PP para impulsar la banda municipal de música. El edil de cultura, Antón Bao, anunció que se convocarán de inmediato las cinco plazas que hay vacantes y se comprometió a que, en la medida en que haya dinero, se creará una escuela y se pasarán a tiempo completo todos los trabajadores. El pleno también solicitará a la Xunta, a instancias del BNG, que mantenga el apoyo económico que daba hasta ahora al programa educativo Preescolar na Casa, ya que el recorte de 300.000 euros obligó a reducir en más de un tercio el personal y la atención a las familias también se verá afectada. Otro de los acuerdos fue instar a la Xunta a que mantenga sus compromisos con el plan Paradai, esta vez a propuesta del PSOE. Ayudas y sanfiz No hubo unanimidad para pedir a la Xunta que revise las subvenciones denegadas al Concello. El gobierno considera que se le niegan por diferencias políticas y el PP alegó que el Ayuntamiento no cumple. Por último, el pleno acordó paralizar el proyecto de complejo deportivo en Sanfiz gestionado por una empresa privada, tal como pactaran ya PSOE y BNG para formar gobierno, pero no hubo acuerdo para pedir a la Xunta que aporte fondos para hacer un centro público. |
