UNA ASOCIACIÓN de empresarios del centro de la ciudad acaba de presentar alegaciones contra el proyecto de ordenanza de ruidos y, entre otros puntos, pide que se elimine el artículo en el que se obliga a los establecimientos de hostelería a tomar las medidas necesarias para que sus clientes no beban en la calle. Este colectivo justifica el rechazo a este punto porque cree que lo que intenta el Concello es convertir en policías a los hosteleros, aunque teniendo en cuenta los quebraderos de cabeza que este cuerpo le ha generado en los últimos años al gobierno de Orozco, se puede entender que ahora el ejecutivo intente descargar de trabajo a los agentes para mantener esa calma tensa que reina desde hace meses.
El alcalde, que ha preferido manejar directamente en este mandato las competencias de la Policía Local, parece estar escaldado tras el enfrentamiento que en los últimos años protagonizó con un grupo de agentes, sobre todo los alineados con la central de funcionarios CSI-CSIF, que fomentó desde protestas en actos oficiales a la apertura de un frente judicial para reclamar más paga.
Orozco dio en 2011 un cambio radical a la política de mano dura que había ordenado en su día contra los ‘rebeldes’ de la Policía Local y tras cambiar -y en algún caso dejar en la estacada- a los ejecutores de su doctrina, inició una etapa de diálogo con la central ‘insurgente’ y que, aunque parece haber normalizado la actividad en el cuerpo tras haber sido aceptadas las reclamaciones salariales, ha derivado en un conflicto con otros sindicatos, que acusan de prevaricación al gobierno local.
La CIG ratificaba esta semana en el juzgado su denuncia contra el alcalde y la jefa de personal e incluso la ampliaba a toda la junta de gobierno, porque fueron todos los concejales presentes en la misma los que acordaron no seguir adelante con el pleito sobre el plus que en su día lograron los agentes vinculados a CSI-CSIF gracias al silencio administrativo del Concello. Por contra, a otros funcionarios como varios bomberos vinculados a CC.OO. sí se les ha reclamado la devolución de complementos cobrados gracias a ese mismo silencio, lo que ha derivado en otra denuncia sindical. Y no son los únicos, porque la UGT, el sindicato que ha sido en estos catorce años la cantera del gobierno Orozco, también puso en conocimiento de la Fiscalía este controvertido trato a los funcionarios según su adscripción sindical.
La Justicia tiene mucho que dictaminar gracias a esta profusión de denuncias generadas en el seno de la Policía Local, como la protagonizada por uno de los delegados de CSI-CSIF, quien llegó a ser suspendido por el Concello de empleo y sueldo por tres años, una medida que el juzgado anuló y que derivó posteriormente en una demanda por persecución sindical contra el alcalde.
Orozco siempre alega que sus decisiones y las de su gobierno se basan en informes de los técnicos municipales, mientras que los funcionarios son conscientes a la hora de defenderse de que la última palabra la tiene el responsable político y que sus dictámenes no tienen por qué ser vinculantes. Y será aquí donde los jueces se tengan que posicionar si se llega a demostrar que hubo un trato discriminatorio en la toma de decisiones.
Pero a pesar de todo el revuelo interno, lo cierto es que en la calle parece haberse normalizado la situación y las tiranteces, aunque permanecen dentro del cuerpo, ya no son percibidas por el ciudadano. Y eso que algunos agentes dicen sentirse vigilados para ver si cumplen con sus funciones o por el contrario dejan de multar en determinadas zonas y situaciones. Desde el gobierno local se ha desmentido que exista tal espionaje, aunque las sospechas tienen su origen en el encargo realizado tiempo atrás por el Concello para detectar segundas actividades irregulares por parte de algunos agentes. En aquella ocasión incluso se llegó a abrir expediente a cuatro policías por supuestas incompatibilidades, aunque el anterior gobierno local dejó caducarlos y el nuevo ni se molestó en reiniciar los trámites, al parecer en aras de esa nueva política de ‘buen rollo’.
Zanjados parte de los asuntos más espinosos, como la caducidad de estos expedientes o la no reclamación de pluses otorgados por silencio administrativo, las polémicas internas en la Policía Local se centran ahora en cuestiones menores, como la rigidez de las porras de los agentes. Será porque este instrumento es al policía lo que la manguera al bombero, hubo quien echó de menos las viejas defensas que con tanta pericia llegaron a utilizar algunos miembros de la extinta brigada nocturna y esta queja, aunque según el gobierno local no se llegó a presentar oficialmente, quizá porque nadie quiso hacer méritos para el escarnio, sí trascendió públicamente a raíz de un curso de formación, donde hubo quien lamentó que las porras fuesen más flexibles de lo que creen deseable.
A la espera de si el Concello decide reponer las antiguas porras para contentar a los nostálgicos, lo cierto es que la Policía Local es ahora el servicio municipal mejor dotado, con unos 150 efectivos que ejercen sus 26 horas de trabajo semanales en una flamante sede nueva que les costó a los lucenses 3,1 millones de euros y con unos uniformes renovados completamente tras años de quejas por la falta de material. También, en una época de crisis como la actual, el Concello sigue actualizando los viejos coches patrulla y, si en septiembre de 2012 se estrenaba uno ya adaptado a la Ley de Coordinación de Policías Locales, en la actualidad están en licitación otros dos con un presupuesto de 60.000 euros.
Y mientras algunos echan de menos su vieja porra, muchas familias lucenses hacen cada día números para llegar a fin de mes, porque también su cuenta bancaria está cada vez más flácida.
