La titular del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo, Azucena Recio González, acaba de dictar una sentencia en la que anula los decretos del Concello por los que se acordaba prorrogar el nombramiento en comisión de servicio del abogado Luis Casais como asesor legal municipal, así como el de su compañera Ana Isabel Saez como letrada asesora. La jueza acepta así parte de la demanda formulada por la junta de personal del Concello y la sección sindical del CSIF.
No obstante, la sentencia rechaza la pretensión de los demandantes de que cualquier acto, resolución o procedimiento judicial en el que hubieran participado ambos en representación del Concello fuera asimismo anulada. Para ello, la jueza apela a la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, y determina que sólo pueden ser anulados aquellos que sean «inherentes» a los dos decretos impugnados.
Si la sentencia hubiera contemplado la anulación de todos los actos pedidos por los demandantes, se hubiera dado pie a que se solicitara la nulidad de todos los juicios y procedimientos en los que los dos letrados están personados, especialmente todos los referidos a la guerra que parte de la Policía Local y de la junta de personal mantienen contra la política laboral del Concello, así como otros referentes a temas urbanísticos del Ayuntamiento.
El argumento decisorio de la sentencia para anular el nombramiento en comisión de servicio de Casais y de Saez es que el Concello no acreditó las circunstancias de urgencia e inaplazable necesidad que habilitarían para acudir a ese cauce extraordinario de provisión de puestos.
Sin embargo, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, los términos del fallo judicial limitan enormemente los efectos reales del mismo, dado que Luis Casais ya no está en comisión de servicio, sino que ocupa el puesto de jefe de la asesoría jurídica del Concello.
Proceso singular
Lo que sí abre esta sentencia es un interesante debate en el ámbito sindical. El abogado Luis Casais no sólo es afiliado desde hace muchos años del sindicato CSIF, sino que incluso fue su asesor legal en algunos casos.
Sin embargo, uno de los demandantes en este proceso contra él fue el CSIF, por lo que ahora podría plantear las consecuencias de que el propio sindicato de afiliación del funcionario pueda actuar contra su propio afiliado, lo que podría entenderse como una desnaturalización las funciones de representación, tutela y defensa del afiliado que corresponden a toda organización sindical.
DENUNCIAS POLICIALES El juzgado de Instrucción número 3 acaba de dictar un auto en el que sobreese de forma provisional la denuncia por insultos y amenazas que el anterior director general de la Policía Local, Darío Diéguez, interpuso contra un agente que es además representante sindical. Causas de la decisión Lo más llamativo de esta decisión es que se produce porque han pasado seis meses sin que el propio juzgado realizara actuación alguna, lo que implica que la falta ha prescrito. El auto no aporta ninguna razón de por qué no ha realizado ninguna actuación, si bien insinúa que la responsabilidad pudo ser del secretario judicial del juzgado.
Sobreseída una causa por no actuar el juzgado
