La Xunta acaba de remitir al Gobierno central una propuesta de convenio con el objetivo de ampliar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Pazo de Meirás a los bienes muebles, que deben considerarse "inseparables" del inmueble.
Según el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, es el Gobierno central el que está "habilitado" para hacer esta ampliación, ya que es el único camino que ofrece "solvencia" y "garantías jurídicas" para que "dentro de un tiempo no genere frustración porque está mal planteado jurídicamente".
En declaraciones a los periodistas, durante un acto en Santiago, ha insistido en que hay que dar los pasos para conseguir esta protección de los enseres y los muebles "con seguridad" y es al Estado a quien le corresponde este proceso porque "es el propietario" de los bienes.
Se trata de proteger los valores culturales de las Torres de Meirás como sitio histórico, según explica la Xunta en una nota de prensa, y dar así cumplimiento al acuerdo unánime alcanzado por el Parlamento de Galicia esta semana, en el que se insta a proteger los bienes muebles del pazo, ante la sentencia de la Audiencia de A Coruña que permite su retirada por parte de la familia Franco.
Hay que "buscar puntos de encuentro" entre ambos servicios, ha apuntado Rodríguez
Rodríguez ha explicado que en base a la Ley de protección del patrimonio histórico español "los bienes de patrimonio del Estado tienen que ser declarados BIC por el propio Estado", y esa es la propuesta que plantean desde la asesoría jurídica de la Xunta que está debatiendo "qué hacer" con la Abogacía estatal.
Hay que "buscar puntos de encuentro" entre ambos servicios, ha apuntado Rodríguez, y "emprender el camino que dé más garantías para que los bienes que están dentro del pazo no protegidos por la declaración de 2008, que tengan cierto interés histórico y cultural, vinculados a Emilia Pardo Bazán y a la figura del dictador Francisco Franco, estén protegidos".
En este sentido, ha recordado que tanto las estatuas del Mestre Mateo como la biblioteca de la escritora ya cuentan con protección como BIC, así como el conjunto de las Torres de Meirás, y se trata de ampliarlo a los bienes muebles y otros enseres que ahora, por el "devenir jurídico" la familia Franco puede sacar del pazo.
La Xunta recuerda que la entrega provisional del pazo al Estado el pasado mes de diciembre permitió avanzar en el conocimiento de los elementos vinculados a él
Es "un proceso de una enorme complejidad técnica y jurídica y de una enorme complejidad mediática y social", ha admitido el conselleiro, que ha abogado por la "unión de criterios" entre las administraciones implicadas para conseguir "resultados positivos" y no "improvisar".
El Ejecutivo autonómico quiere, de esta manera, articular la colaboración y coordinación entre ambas administraciones y ampliar "el clima de cooperación" que, asegura, caracteriza el proceso en defensa de los intereses del patrimonio de todos los gallegos, como el Pazo de Meirás.
La propuesta de la Xunta es que la Administración General del Estado debe "interesar" a la Consellería de Cultura, como forma de colaboración en la ejecución de las competencias estatales, para la modificación de la declaración de interés cultural y ampliar esta protección del inmueble a los bienes muebles.
La Xunta recuerda que la entrega provisional del pazo al Estado el pasado mes de diciembre permitió avanzar en el conocimiento de los elementos vinculados a él, lo que haría posible extender ahora la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Meirás, aprobada en 2008 con la categoría de sitio histórico.
En la jornada del jueves, la empresa de mudanzas contratada por la familia Franco no pudo entrar en el Pazo de Meirás
En base a la normativa estatal y autonómica, en concreto la Ley 16/1985 de protección del patrimonio histórico español, la Xunta entiende que la colaboración entre ambas institución permitiría contribuir a la protección del BIC.
El convenio propuesto pretende interesar la adopción de medidas a la Xunta, teniendo en cuenta el marco competencial de cada una de las partes, en este período intermedio entre la ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia provincial -asumida por el propio Gobierno central en coherencia con lo defendido en el pleito- y hasta que las resoluciones judiciales adquieran firmeza.
En la jornada del jueves, la empresa de mudanzas contratada por la familia Franco no pudo entrar en el Pazo de Meirás para iniciar el traslado de los bienes, ya que un vigilante de seguridad de una empresa privada les denegó la entrada al inmueble, por lo que ya han anunciado que demandarán al Estado en los juzgados.
