El juzgado declara como fallecida a Sonia Iglesias

La desaparición de la dependienta más famosa de Pontevedra se queda sin respuesta tras el dictamen de la autoridad ► La muerte del único sospechoso despojó a la Policía de toda opción de aclarar lo sucedido el 18 de agosto de 2010 ► La Fiscalía firmó el expediente tras cumplirse todos los plazos legales
Sonia Iglesias, desaparecida en 2010 en Pontevedra. AEP
photo_camera Sonia Iglesias, desaparecida en 2010 en Pontevedra. AEP

Sonia está muerta. Si la Policía, su familia, los vecinos de Pontevedra y toda la opinión pública estaban convencidos de ello desde hacía tiempo, ahora es la Justicia la que, siguiendo los cauces legales, declara de manera formal y oficial el fallecimiento de la dependienta más famosa de la ciudad.

Cuando han pasado más de once años desde su desaparición y tras la muerte del único sospechoso, Julio Araújo, ha sido el hijo de la antigua pareja, Alejandro Araújo Iglesias, quien, huérfano de padre y madre, inició el procedimiento ya concluso para dar encaje jurídico a un secreto a voces.

El expediente, iniciado por el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Pontevedra en noviembre de 2020, se hizo público formalmente "para que los que tengan noticias de su existencia puedan ponerlas en conocimiento de este Juzgado y ser oídos", según se detalló en el auto suscrito en su momento.

Una nueva formalidad, pues si nadie aportó dato alguno sobre lo sucedido durante una larguísima y concienzuda investigación policial, menos lo iba a hacer con la única persona que estuvo entre la espada y la pared, la expareja de Sonia Iglesias Eirín, ya fallecida.

El expediente, que se abrió el 24 de noviembre del año 20, se cerró en mayo, tras la citada exposición pública y el visto y place de la Fiscalía de Pontevedra, órgano que no dejó de insistir en busca de un rastro que nunca apareció.

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Sobre la fecha oficial de la muerte de la dependienta, la jurisprudencia señala que en casos como el de la pontevedresa debe señalarse la que coincide con el plazo legal existente para solicitar una declaración de fallecimiento en personas desaparecidas, esto es, diez años, por lo que el 18 de agosto de 2020 es el día estimado.

Todos los jefes de la Comisaría de Pontevedra y los subdelegados del Gobierno en la provincia que estuvieron en el cargo durante los últimos diez años declararon tras su marcha que se iban con una "espina clavada".

El fiscal jefe de la Audiencia, Juan Carlos Aladro, es el único que siguió el caso de principio a fin. "No descansaremos hasta resolverlo", aseguró en múltiples ocasiones en páginas de este periódico. Sin embargo, la muerte de Araújo y la falta de colaboración de quienes pudiesen saber algo de lo ocurrido (la Policía apuntó a su hermano, sin conseguir acreditarlo) se unen al inexorable paso del tiempo para pasar página.

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El hijo de Sonia es mayor de edad, su padre falleció y el resto de sus allegados siguen adelante con sus vidas con la losa, eso sí, de no tener una tumba a la que poder acudir para despedir a su ser querido.

El último rastro fiable de la dependienta se perdió en el zapatero de Arcebispo Malvar, hoy jubilado, al filo de las nueve de la mañana del citado 18 de agosto de 2010. Allí acudió antes de desaparecer en lo más parecido a un crimen perfecto.

Cierto es que en las horas inmediatamente posteriores no se operó con la suficiente agilidad, tal vez por la habilidad del autor o autores de la muerte. En cualquier caso, los investigadores de la Policía Nacional no encontraron en aquel momento un hilo fiable del que tirar. Poco a poco, las esperanzas fueron decayendo.

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La ciudadanía de Pontevedra dio un gran ejemplo de solidaridad con su vecina tras lo ocurrido. Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional coordinaron grandes batidas por las cuatro esquinas del municipio, con una especial atención a puntos en los que se podría ocultar un cuerpo, tales como el entorno del río Lérez, la zona de O Pontillón o los montes de Campañó.

El hallazgo más relevante fue la aparición del carné de identidad de la joven, entregado a las autoridades y muy probablemente dejado a propósito como señuelo por parte de los autores del crimen. Los rastreos ciudadanos resultaron infructuosos, siendo lo más destacado la aparición de un carné de conducir de la desaparecida que encontró un equipo de Diario de Pontevedra en el marco de una de sus investigaciones.

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El apoyo vecinal también se dejó notar en las manifestaciones, que al principio eran periódicas y después pasaron a ser anuales. Miles de personas exigieron a las personas que cometieron el delito alguna respuesta, a viva voz. Solo obtuvieron silencio.

Las pesquisas policiales se fijaron en el círculo más cercano, como mandan los cánones en este tipo de asuntos. Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando las autoridades se decidieron a interrogar como investigada a su expareja, Julio Araújo.

Con anterioridad había sido llamado a declarar en calidad de testigo. Había pasado demasiado tiempo desde la desaparición y las pruebas eran escasas, más allá de un informe psicológico elaborado por expertos de la Brigada de Homicidios y Desaparecidos de Madrid que apuntaban hacia la autoría del único sospechoso.

Cierto es que el teléfono de la expareja de Sonia repitió en el Monte Castrove a una hora a la que él declaraba hallarse en su piso de Campo da Torre, pero ninguno de esos indicios tuvo el peso necesario para avanzar hacia una acusación formal. El fiscal jefe quemó su último cartucho solicitando que sometiesen al sospechoso al test de la verdad, pero la jueza lo rechazó. El caso se archivó provisionalmente por primera vez en 2015.

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De ahí en adelante, la Policía puso todos los medios técnicos a su alcance en un último intento para esclarecer lo ocurrido. Lo hizo en primer lugar con un minucioso rastreo en una propiedad de la familia Araújo en San Mauro, con apoyo de georradar incluido.

Ocurrió en 2017. La falta de resultados devolvió el expediente al archivo. Por último, en 2019, los agentes reaparecieron para revisar un antiguo pozo en Marcón. Una vez más, nada de nada.

El abogado de Julio, Jesús Santaló, mantuvo desde el principio que la Policía no tenía "nada sólido" contra su defendido. Dio en el clavo. En 2021, la familia decidió no convocar a los vecinos. Sabían que el Juzgado ya se había pronunciado, y que Sonia Iglesias había sido declarada formalmente fallecida.

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