Villapol y la caja de Pandora judicial

Hace 20 años comenzó el calvario judicial del fallecido alcalde de O Vicedo, Isaac Prado Villapol, que abrió una larga serie de juicios por corrupción o irregularidades a políticos lucenses. Fue uno de los pocos que ingresó en prisión.
Isaac Prado Villapol, con su abogado, en la Audiencia Provincial
photo_camera Isaac Prado Villapol, con su abogado, en la Audiencia Provincial

El entonces fiscal jefe de Lugo, Jesús García Calderón, abrió en 1997 la caja de Pandora judicial de las investigaciones contra la clase política lucense con su denuncia contra Isaac Prado Villapol, que por entonces ejercía como omnipotente alcalde de O Vicedo. Fue uno de los casos de malversación de fondos públicos con mayor repercusión mediática en Galicia y marcó también el inicio de una etapa en la que la actividad pública quedó bajo la lupa de la judicatura. La escalada de la tensión se desató a partir de 2001 con la llegada a la fiscalía de Jesús Izaguirre, que se convirtió en azote de cargos públicos. Muchos de los casos abiertos quedaron en nada, como sucedió con la Operación Muralla, que puso en tela de juicio los procedimientos de adjudicación del servicio de obras de la Diputación en la etapa de Francisco Cacharro, quien dijo sentirse perseguido.

La falta de escrúpulos de Prado Villapol era un secreto a voces, pero nadie movía un dedo. Las reiteradas denuncias del concejal socialista Vicente Parapar Carreja por el cobro irregular de dietas, amparado por los reparos del secretario interventor, cayeron en saco roto hasta que García Calderón presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción número dos de Viveiro. El fiscal acusó al regidor de embolsarse más de 65 millones de pesetas desde 1993 a ese ejercicio sin aportar recibos. Según el PSOE, esta situación se remontaba al menos a 1988.

"Ese fiscal extremeño es un cagao. Mañana cojo una granada y se la tiro delante de los ojos" dijo Villapol en una grabación policial

Cuando Isaac Prado Villapol pisó por primera vez la sede judicial vivariense quedó expuesto a una serie de causas y sentencias que le obligaron a dejar la alcaldía el 30 de enero de 2001, tras 26 años en el cargo, y a ingresar en prisión por primera vez ese mismo año. Así comenzó el descenso a los infiernos de este peculiar personaje, el único regidor al que se le dedicó una calle en vida, en junio de 1978, a petición de un grupo de vecinos liderados por dos ediles y el presidente de la Asociación de Cabezas de Familia.

SIN CALLE. La calle le fue retirada en 2006, cuando alcanzó por segunda vez la condición de reo. Después de varios intentos frustrados, el PSOE logró que el gobierno del PP apoyase la petición de cambiar el nombre a la Rúa Doctor Prado Villapol, pese a que varios de sus integrantes, incluido el alcalde, Jesús Novo, formaron parte del equipo de tan polémico personaje.

Hoy en día, todo el mundo prefiere olvidar la larga estancia de Prado Villapol en la alcaldía vicedense, como si se tratase de un mal sueño. El manto del olvido cae sobre este médico, que ejerció su profesión en O Vicedo desde 1960, aunque algunos de sus colaboradores recuerdan que, junto a las sombras judiciales, quedan también gestiones y obras que contribuyeron al progreso del municipio, especialmente en el medio rural. Villapol protegía su granero electoral con la misma contundencia con que se enfrentaba a sus rivales. O conmigo o contra mí.

La vida política en O Vicedo transcurría en medio de calma tensa, sin que la administración autonómica ni el Tribunal de Cuentas se hiciesen eco de las denuncias del PSOE local. Todo cambió cuando García Calderón tomó nota y trasladó a la fiscalía comarcal las imputaciones por delitos continuados de falsedad en documento público y malversación contra Prado Villapol, quien rechazó las acusaciones y aseguró que los pagos estaban aprobados en la base 14 del presupuesto. Hasta entonces, el regidor campaba a sus anchas. Cobraba dietas de asistencia al Ayuntamiento los 365 días del año, además de jugosas dietas de desplazamiento y manutención. Un viaje suyo a Madrid se prolongó hasta el 31 de febrero, pero poco importaba que durase un día arriba o un día abajo, el error en la fecha o el informe negativo del secretario.

AMENAZAS. Esta prepotencia fue el peor enemigo de Prado Villapol. A la causa por malversación se unió otra petición de dos años de cárcel por amenazas a la autoridad y delito de obstrucción a la justicia. De carácter iracundo, y acostumbrado a que no le llevasen la contraria, no se ahorró recados cargados de tremendismo contra quienes le investigaban. "El fiscal se vengó conmigo porque es un político... Yo me vi acorralado y pensé en el homicidio.... si no lo hacía yo, pago y lo mandó hacer". Esta frase fue grabada por el inspector de la Policía Judicial, Antonio Nieto, en sendas conversaciones que mantuvieron en marzo de 1999.

Tampoco salía bien parado el titular del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro que le tomó declaración dos años antes, Jesús Galán Parada, que ya estaba en otro destino. "Quien prevaricó es el instructor y prevaricó con el fiscal. Esto es un ensañamiento total", aseguraba Villapol.

Aunque declaró ante la juez que la charla con el policía era "en cierto modo de cachondeo", las amenazas de muerte a García Calderón resultaban obvias. "Ese extremeño es un cagao, me cago en diole, porque aparezco con un cañón mañana mismo, cojo una granada y se la tiro delante de los ojos", dijo.

 Las causas judiciales le obligaron a dejar la alcaldía antes de ingresar en prisión y le quitaron la calle que tenía cuando era regidor


Prado Villapol negó, obviamente, que incurriera en malversación. "Yo tengo unas dietas, ésas, aprobadas y sanseacabó, y voy donde me sale de los huevos", le comentó a la policía.

Al regidor vicedense le molestaba que se investigase si estuvo en un sitio u otro. "No tengo por que estar en el Melia Castilla. Del hotel tuve que marchar, porque tenía solo para dos días y me fui con una puta a dormir. ¿Hay que decirlo?".

Estas grabaciones fueron el aperitivo de una sucesión de juicios que expulsaron de la actividad política a este alcalde del tardofranquismo, militante de Alianza Popular desde su fundación y luego del PP. Este fatídico 1999, la dirección de su partido en Lugo decidió no proponerle como candidato a causa de su procesamiento. El mes de marzo, el mismo de la grabación, fue expulsado del PP tras presentar una lista independiente para seguir como alcalde, Independientes Polo Vicedo (IPV), siglas que coincidían con las iniciales de su nombre.

SENTENCIAS. Aunque salió elegido con una mayoría absoluta de siete concejales, por ninguno del PP, la alegría de Prado Villapol duró poco. En abril del 2000 sufrió el primer varapalo judicial, al condenarle el Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo a dos años y seis meses por un delito de atentado contra el fiscal García Calderón. Solicitó el indulto al Gobierno, lo que frenó su ingreso en prisión hasta el 14 de agosto de 2001. Permaneció en Bonxe en régimen de tercer grado, con salidas los fines de semana. Con una grave dolencia, pasó su estancia en la enfermería de la cárcel. La Audiencia también le condenó meses en el 2000 a cinco años y tres meses por malversación continuada de caudales públicos entre 1993 y 1997. Además le cayeron 12 años de inhabilitación.

Aunque salió de prisión en febrero de 2002, al cumplir los 70 años, el rosario de causas judiciales perseguía a Prado Villapol. En mayo de 2004 fue condenado a seis años de cárcel y 18 años de inhabilitación por malversación de fondos y prevaricación. Entre agosto de 1997 a junio de 2000 cobró un total de 100.429 euros (16,7 millones de pesetas). En esta causa fueron absueltos cuatro ediles.

En noviembre de 2004, Villapol fue condenado a 15 años de cárcel y 27 de inhabilitación por tres nuevos delitos de prevaricación y malversación. La Audiencia le obligó a devolver el dinero de la venta de una finca a un testaferro que se la revendió al Ayuntamiento con el fin de construir un cuartel de la Guardia Civil que no estaba proyectado. También condenó sus maniobras para quedarse con la casa del médico, donde vivía, pero que era de propiedad municipal. Asimismo se le obligó al pago de facturas telefónicas y a devolver el teléfono móvil del camión de la basura que colocó en su coche. Esta sentencia motivó el segundo ingreso de Prado Villapol en la prisión de Bonxe en junio de 2005.

El Tribunal de Cuentas ordenó a Villapol la devolución de 751.837 euros por lo percibido entre 1993 y el 2000. La factura final ascendió a 900.000 euros, por los intereses de demora, y cerró la crónica de un batacazo anunciado.

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