El naval de Vigo ha salido a la calle para lanzar una voz de "auxilio" ante una posible resolución negativa del expediente abierto al anterior sistema de bonificaciones fiscales, el llamado tax-lease, que implique la devolución de parte de las ayudas, ya que eso significaría la "desaparición" del sector.
Durante la jornada de huelga convocada a nivel nacional en los astilleros privados, trabajadores y sindicalistas han organizado en Vigo sendas manifestaciones que han partido desde la factoría Vulcano, en Teis, y desde Barreras, en Beiramar, y han confluido en la calle Colón para realizar un recorrido por el centro.
Una de las paradas ha tenido lugar ante la sede de la Agencia Europea de Control de la Pesca, pues el llamamiento del sector se dirige hacia la Comisión Europea, en concreto hacia el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quien tendrá "la última palabra" en la resolución del expediente, han coincidido los manifestantes.
Otro grupo de trabajadores se ha concentrado ante la delegación territorial de la Xunta en Vigo, al entender que la decisión final será de naturaleza "política", según palabras del secretario nacional de CIG-Naval, César Rodríguez.
En la cabecera de la manifestación una pancarta rezaba Europa, escucha, el naval está en lucha, mientras que un grupo de trabajadores portaba un ataúd de cartón para simbolizar el "peligro de muerte" del sector.
Diego Atanes, secretario comarcal del metal de UGT, ha enfatizado que las autoridades españolas tienen que "escuchar este grito de auxilio" del sector, "el único que a corto plazo" tiene capacidad para generar empleo. Ha advertido de que, con una resolución desfavorable del expediente abierto al anterior tax-lease español, el naval "desaparecería irremediablemente", y ha recalcado que no fueron precisamente los astilleros los que se beneficiaron de las bonificaciones aplicadas.
Atanes ha aludido al caso del naval francés, también sujeto a una investigación y que habilitó un nuevo sistema de bonificaciones, sin que Bruselas "cuestionara" la legislación del país vecino basada, como en España, en los principios de buena fe y confianza legítima. "Si permiten vivir a otros sectores en la economía europea, es precisamente la Comisión de la Competencia la que tendría que velar por que no sufriéramos esta agresión", ha aseverado.
Ramón Sarmiento, secretario comarcal de Industria de CC OO, ha reclamado "una oportunidad" para el naval, que tiene "una expectativa razonable" de recuperar la actividad en astilleros ahora parados, tanto que se podría hablar de un 2014 con una situación "muy buena en Vigo", al pasar de 1.000 a 5.000 o 7.000 trabajadores.
Unas expectativas que "se esfumarían" si Competencia considera como ayudas de Estado irregulares parte de las concedidas en el marco del anterior tax-lease.
Sarmiento ha hecho hincapié en que el hecho en sí de que hayan pasado dos años desde la apertura del expediente ha provocado "efectos demoledores" en el sector en Galicia: "seis astilleros cerrados y una inmensa mayoría sin actividad". "Lo que pedimos es que esa resolución que se anuncia como inminente, incluso es probable que la semana que viene, atienda a la realidad y a las consecuencias laborales" de que haya que hacer devoluciones, algo "kafkiano" y "absolutamente injusto" para unos astilleros que actuaron conforme a la normativa vigente.
César Rodríguez, de la CIG, se ha mostrado convencido "al 99,9%" de que habrá que devolver parte de las ayudas, y ha intuido un plan pergeñado desde Bruselas para "sacar a un competidor" del mercado. Ha hecho hincapié en la necesidad de la "movilización social" como "única solución" para que "quienes deciden, sientan que no les va a salir barato cargarse el sector y sentenciar prácticamente a la muerte a Vigo y su bisbarra".
Rodríguez ha recordado los años de la reconversión del naval en la década de los ochenta, cuando hubo hasta tres huelgas generales, y ha considerado que de no ser por el grado de movilización que hubo entonces, "hoy no estaríamos aquí".
