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Víctimas del accidente del Alvia reclaman una urgente investigación parlamentaria

Los afectados por la tragedia denuncian un "trato humillante", así como que la justicia "lleva casi un año parada" respecto al caso

Víctimas del accidente del Alvia que descarriló en el año 2013 en Santiago denuncian el "trato humillante" que están recibiendo y reclaman "su derecho a la verdad y que se depuren todas las responsabilidades" que hubo en un trágico siniestro "que se pudo haber evitado".

En un comunicado, reclaman una urgente comisión de investigación parlamentaria, denuncian que la justicia "lleva casi un año parada", tras el cambio de juez, de Luis Aláez a Andrés Lago; y solicitan contar con "verdaderos" organismos técnicos e independientes de investigación, prevención y seguridad.

También "cesar e inhabilitar para cargo público a los políticos o agentes del Estado que tengan responsabilidad jurídica o jurídicas en las catástrofes" y "una justicia independiente y diligente en la que la Fiscalía no sea un mero observador, que trabaje por defender los derechos de las víctimas".

Además, demandan "un proceso judicial que no se alargue indefinidamente y que llegue al fondo de todas las causas y responsables de la tragedia" que se cobró la vida de ocho decenas de personas y causó más de 150 heridos.

La nota remata con el mensaje: "En memoria de los que dejaron su vida en las vías y para que no vuelva a ocurrir, exigimos verdad, justicia y transparencia".

El maquinista del tren Alvia que descarriló en 2013 en Santiago, Francisco José Garzón Amo, es el único imputado por esta tragedia ferroviaria, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos de Adif.

Ninguna de estas personas que formaban parte de la cúpula de esta empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense en la que se accidentó el tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, llegó a prestar declaración el pasado mes de mayo ante el primer instructor de esta causa, el magistrado Luis Aláez.

Los argumentos esgrimidos por todos ellos para no declarar fueron que todavía permanecían sin resolver por la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra sus imputaciones, y que sus letrados no contaron con el tiempo necesario para leer el voluminoso sumario.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión anterior, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

Los imputados eran, esta segunda vez, el presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín, y Andrés Cortabitarte, quien ocupó el cargo de responsable de la seguridad en la circulación. También el interventor general del Estado, José Carlos Alcalde, y los vocales del consejo de administración Juan Ángel Mairal, Mercedes Caballero, Juan Carlos Cáceres, Félix Díaz, Carlos María Juárez, Gerardo Luis Gavilanes, Mercedes Rodríguez, Carlos Bartolomé y Javier Hurtado.

Todos ellos estaban imputados por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva y por ser hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.

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