Un tribunal federal de los EE.UU. ha rechazado este miércoles la demanda interpuesta por el Gobierno de España contra American Bureau of Shipping (ABS), la empresa norteamericana que declaró apto para el transporte marítimo de combustible al buque petrolero Prestige, que en noviembre de 2002 se partió frente a las costas gallegas con más de 77.000 toneladas de fuel oil a bordo.
Con su decisión, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, niega también la reclamación española a ABS que se valoraba en unos 1.000 millones de dólares por no realizar una calificación correcta del barco, que contaba en aquel momento con bandera de las Bahamas.
Así, la denuncia presentada aludía a una supuesta negligencia en la inspección del Prestige, de 26 años de antigüedad, ya que seis meses antes de su hundimiento la empresa norteamericana no había detectado la corrosión de la nave ni otros problemas que terminarían produciendo el naufragio.
La responsabilidad, sólo de los propietarios
En la resolución judicial, que consta de unas 20 páginas y que se ha hecho pública este miércoles, Swain señala que, según las leyes federales estadounidenses, las empresas de certificación, como es el caso de ABS, no cuentan con responsabilidades cuando se producen este tipo de desastres, indicando que éstas competen a los propietarios de las embarcaciones.
A pesar de posicionarse a favor de los intereses de ABS, la jueza Swain aceptó el planteamiento español de que hay ramificaciones en el accidente del Prestige de cara a plantear demandas ''y reconoce el imperativo general de que se considere responsables a las partes apropiadas de los derrames que causan grandes desastres económicos y ambientales''.
El fallo que en esta ocasión emite la jueza responde al recurso presentado por el Gobierno español el 3 de enero de 2008, que había recurrido la resolución de la jueza en la que ya desestimaba esa demanda, que reclamaba compensaciones a ABS y a otras empresas afiliadas por negligencia. Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York le devolvió el año pasado este caso al tribunal federal.
