La acusación particular, representada por la compañía aseguradora, pide tres años de cárcel para dos hermanas de Cospeito y su padre por fingir que viajaban en un coche siniestrado en ese municipio de Lugo para cobrar una indemnización, mientras que el ministerio fiscal rebaja esa solicitud de pena a dos años de reclusión.
La vista oral se celebró esta mañana en la Audiencia Provincial de Lugo, aunque los acusados ya habían reconocido previamente los hechos y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Vilalba había condenado a los tres procesados, de 31, 28 y 72 años de edad, a devolver a la compañía aseguradora la cantidad que habían cobrado indebidamente.
El ministerio público sostiene en el escrito de acusación, al que EFE ha tenido acceso, que en el coche viajaba solamente la conductora del vehículo cuando se produjo el accidente, que ocurrió en el lugar de Sistallo, en el municipio de Cospeito, el 21 de diciembre de 2009.
Sin embargo, los otros dos procesados, una hermana y el padre de la conductora, "fingieron ser acompañantes" de la misma -dijeron que viajaban en el lugar del copiloto y en el asiento trasero- para hacerle "creer equivocadamente aseguradora" la existencia de "una serie de lesiones y secuelas producidas con ocasión del accidente".
A raíz de ese engaño, "como consecuencia del error sufrido", la compañía abonó diversas "facturas por gastos médicos que no se produjeron en realidad", por un importe total que ascendió a "6.304 euros".
Reintegrado a la compañía el importe que había abonado a causa del fraude, el fiscal considera que los acusados desistieron de forma voluntaria del engaño, por lo que solicita para cada uno de los acusados dos años de prisión por un supuesto delito de estafa "consumada". De esa forma, al no tener antecedentes, no tendrían que ingresar en prisión.
Sin embargo, la acusación particular no está conforme con la calificación del ministerio público y solicita para cada uno de ellos un año más de cárcel, de forma que tendrían que ingresar en un centro penitenciario.
El abogado que representó a la compañía aseguradora, Javier Pérez Batallón, explicó que los hechos juzgados no son "una estafa normal", sino una "estafa agravada", porque "existió una demanda judicial, en la que, además de lo que ya habían cobrado, pretendían cobrar 90.000 euros más".
De hecho, estima que no se puede hablar de "desistimiento voluntario", porque "si no llega a ser por la diligencia de la compañía" y las "pruebas tan nítidas" que presentó para desarbolar "un montaje en toda regla", todavía se estaría "debatiendo" la demanda "en el juzgado de lo civil".
Además, hizo hincapié en la "repercusión que tiene para una compañía que este tipo de fraudes puedan suceder" y reiteró que "es importante que estas conductas sean reprimidas" y, además, de forma "ejemplarizante".
Por su parte, la defensa alegó que los tres procesados "han reconocido los hechos y han procedido a reparar el daño".
De hecho, durante su intervención en el juicio, el padre de las otras dos procesadas, de 72 años, afirmó sentirse "arrepentido" de lo que habían hecho, reconoció que su conducta estuvo "mal" y pidió "perdón".
