Sólo tres de los veinticuatro imputados en el macroproceso judicial instruido en Lugo por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico se han dirigido de momento a la Fiscalía, a través de sus abogados defensores, para analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad que les evite ir a juicio.
La Fiscalía mantuvo el pasado jueves -13 de marzo- un encuentro con los representantes legales de los imputados y abrió la posibilidad de llegar a esos acuerdos puntuales con cada uno de ellos, pero de momento sólo los letrados de tres acusados que figuran en la causa se han pronunciado al respecto.
Según informaron a EFE fuentes del propio ministerio público, algunos letrados están estudiando la situación de sus clientes para tomar una decisión al respecto, por lo que, previsiblemente, serán más los imputados que se acojan a esa posibilidad que les ofrece la Fiscalía, en virtud del acuerdo firmado en su día con los Colegios de Abogados para buscar acuerdos de conformidad que eviten en muchos casos llegar a juicio.
En cualquier caso, esas mismas fuentes subrayan que la posibilidad de buscar esos acuerdos "depende de la voluntad" de los abogados y de los imputados a los que representan legalmente, dado que son ellos los que tienen que tomar la iniciativa.
Según su criterio, "a alguna gente puede interesarle una rebaja en la pena, aceptando unas condiciones que luego le facilitarían mucho a la Administración de Justicia" el desarrollo de la causa.
"Supongo que en esa situación están aquellas personas que puedan ver alguna posibilidad de ser condenadas. A las personas que tengan claro que van a ser absueltas, no les afecta para nada este tipo de acuerdos", dijo el abogado.
En la lista de imputados por este caso, formada por un total de 24 personas, figura el que fuera subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, que presentó su dimisión a raíz de su implicación en este caso, para quien el fiscal pide siete años de cárcel por los delitos de falsedad documental, prevaricación o tráfico de influencias.
Otro de los imputados es el ex jefe provincial de Tráfico, Julio González, para quien piden cuatro años y nueve meses de prisión por prevaricación y falsedad documental.
