Suspenden "sine die" la declaración de Cabezas

El titular del juzgado de instrucción número uno de Ourense, Leonardo Álvarez, ha acordado suspender "sine die" la declaración del exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, que fue denunciado por la exedil socialista de Urbanismo, Áurea Soto, tras la querella por prevaricación presentada por ella misma contra este juez.

Manuel Cabezas debía aportar este miércoles su testimonio, año y medio después de que lo reclamase Áurea Soto, que le achacó haber perdonado a los promotores privados la cesión obligatoria del 10% de los aprovechamientos, antes de que la ciudad contase con un plan general de urbanismo adaptado, por lo que así el beneficio para ellos era del 100% y nada para la administración local, un perjuicio que Soto fijó en 1,6 millones. 

En todo caso, esta exconcejala, que dimitió por otro caso, el de la Plaza de San Antonio, del que salió finalmente absuelta, se ha querellado ahora contra Leonardo Álvarez, de quien cree que pudo haber cometido prevaricación, en connivencia con la acusación particular, en esa causa que investigó la concesión de licencias para edificios y aparcamientos y en la que el juez decano se ocupó de la instrucción.

Así las cosas, el juez ha decidido suspender "por prudencia" la comparecencia de Cabezas (PP), en calidad de investigado por el denominado caso del 10%, para que la Audiencia Provincial valore si Leonardo Álvarez debe excusarse o no, al ser la propia denunciante Áurea Soto (PSOE). Álvarez se enteró esta miércoles de la querella presentada contra él, motivo por el cual acordó aplazar la causa. Además, valora la posibilidad de apartarse de los casos relacionados con la exedil tras la querella y de presentar incluso una denuncia contra ella por calumnias.

Según ha podido constatar Efe, Áurea Soto presentó a última hora de este martes ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una querella contra el juez decano de Ourense en su condición de aforada. Soto acusa al magistrado de prevaricación en el caso de la plaza de San Antonio. Por el momento, el TSXG ha indicado que todavía no tiene constancia de dicha denuncia. En ella, plantea Áurea Soto "el desconocimiento del juez" en esta causa así como el hecho de haber realizado "una imputación selectiva" en el caso de la plaza de San Antonio, al entender que no se sentaron en el banquillo todas las personas relacionadas con esta causa. Por su parte, Leonardo Álvarez no descarta emprender acciones legales contra Soto por posibles calumnias.

EL JUICIO DE LA PLAZA SAN ANTONIO. Durante el juicio de la plaza de San Antonio, la exedil socialista acusó a Leonardo Álvarez de actuar, en fase de instrucción, en connivencia con la acusación, y de "haber falsificado" la fecha en un auto, para que se tuviese que sentar en el banquillo junto con el abogado al que contrató un informe externo, Carlos Hernández, llegando a atribuir su caso a un "juicio político".

A raíz de esta causa, Soto presentó su dimisión en virtud del código ético socialista toda vez que el juez dictó auto de apertura de juicio oral, por posibles indicios de prevaricación en la concesión de una licencia urbanística que legalizaba la urbanización de la plaza de San Antonio, locales y garajes. Con posterioridad, el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acordó la absolución de ambos por la legalización de un complejo urbanístico, por el cual el Ministerio Público solicitaba 10 años de inhabilitación y que la acusación popular elevaba a 21.

Actualmente, el titular de instrucción mantiene varias causas abiertas contra Soto. En lo que respecta a las asistencias técnicas, Soto y el exalcalde socialista, Francisco Rodríguez (también imputado en la Operación Pokemon) permanecen investigados por supuestas irregularidades en contratos externos que en algunos casos derivaron en personal indefinido.

Esta misma concejala había solicitado en 2014 la recusación de otro juez, en ese caso del titular del juzgado de instrucción número uno de Ourense, Antonio Piña, quien llevaba otra causa contra ella, por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de Bedoya.

LA EXENCIÓN DE COBRO ERA DE 1994. Antes de entrar en sede judicial, el exalcalde, Manuel Cabezas, quien aún no tenía conocimiento de la decisión del juez, comentó en declaraciones públicas que la exención del cobro del 10% a los promotores se produjo antes de que llegase él a la alcaldía, en virtud de un acuerdo plenario adoptado en 1994, "casi por unanimidad" por los 25 de 26 concejales durante la etapa del gobierno socialista, que encabezaba Veiga Pombo. "Nosotros asumimos eso porque jurídicamente se nos recomendó ese acuerdo plenario del año 1994", ha argumentado Cabezas, quien ha apostillado que dicho acuerdo fue "refrendado por el Consello de Contas por el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, siempre por unanimidad de todos los grupos políticos".

El exregidor ourensano ha relatado que la exención "se tomó en base a una propuesta del secretario municipal, Mariano Rodríguez", quien no ha podido prestar declaración por este caso a pesar de haber sido requerido hasta en tres ocasiones debido a su estado de salud. "En todo momento se siguió ese dictamen hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2003", ha abundado el exregidor ourensano.

El acuerdo "se mantuvo con el apoyo jurídico de quien era la máxima instancia del Ayuntamiento que era el secretario general hasta que hubo nuevo planeamiento", ha incidido Cabezas, quien ha criticado que "se instrumentalice la justicia desde el punto de vista político pero no me gusta con nadie, no sólo conmigo".

La responsable de Urbanismo había solicitado a finales de 2014 por vía penal la imputación del exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y de dos ediles, por la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico en la capital orensana, relacionados con 15 expedientes de compensación de convenios urbanísticos relativos a la cesión del 10%. En la denuncia, pedía que "se investigue lo que ha sido el urbanismo y la manera de actuar" del Gobierno del PP, durante el periodo comprendido entre 1997 y 2002 al entender que Cabezas obvió la ley y eximió al sector de la construcción del pago de las cesiones urbanísticas, y cuyas pérdidas elevó a "1,6 millones de euros" para las arcas municipales.