La defensa de Miñanco pide la anulación de su primera condena por narcotráfico

Se sienta de nuevo en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de blanqueo de capitales

José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, entró a las 10.00 horas de este jueves a la Audiencia Provincial para comparecer por un supuesto blanqueo de capitales. El cambadés llegó a Pontevedra rodeado de una gran expectación. La vista oral servirá para juzgarle por blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas e incluye el procesamiento de varios familiares suyos, supuestos testaferros.

Custodiado por agentes de la Policia Nacional, Sito Miñanco entró a las diez en punto de la mañana por la puerta principal del Pazo Provincial, visiblemente delgado y abrigado con cazadora.  Su llegada coincidió también con la entrada en la Audiencia de Feliciano Miguel Rosendo, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como Orden de los Miguelianos, acusado de una veintena de delitos por los que afronta una condena de 66 años de prisión. 

El letrado que defiende los intereses de Miñanco, Gonzalo Boye, anunció este jueves en Pontevedra la interposición de un recurso de revisión extraordinaria de su primera sentencia por tráfico de cocaína. Boye se ampara en un presunto dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que habría decretado la vulneración de sus derechos fundamentales en aquel proceso. La defensa del capo de Cambados intenta así desvirtuar el origen de la acusación que este jueves le lleva al banquillo de la Audiencia por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Añade, además, que Prado Bugallo se dedicaba a la distribución de tabaco, vivía y estaba establecido en Bélgica en la etapa en la que se produjo el supuesto blanqueo.

Por otra parte, Boye pide la prescripción de los hechos en un turno de cuestiones previas que se está celebrando en el Pazo de Xustiza de Pontevedra.

Junto a Sito Miñanco se sentarán en el banquillo de los acusados otras cuatro personas, su primera esposa, una de sus hijas, su excuñada y un empresario que según el fiscal, habría actuado como testaferro del narcotraficante pontevedrés.  La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, diez millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo. 

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