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Sindicatos de Galicia, País Vasco y Cataluña piden "normalidad democrática" en Cataluña

Piden, además, "la libertad del presidente Puigdemont y de todos los presos políticos catalanes"

Los sindicatos CIG (Galicia), I-CSC (Cataluña) y ELA y LAB (País Vasco) han reclamado hoy "la restitución de la normalidad democrática" en la Comunidad catalana y el mantenimiento y respeto a derechos fundamentales como el de huelga en el conjunto del Estado.

Los secretarios generales de CIG, Paulo Carril; ELA, Adolfo Muñoz; LAB, Garbiñe Aramburu; y CSC, Carles Sastre, tras reunirse han ofrecido una conferencia de prensa exhibiendo un lazo amarillo de apoyo al proceso soberanista catalán.

Carril ha leído una declaración institucional conjunta de los sindicatos que denuncia "el ataque que se está dando contra la democracia y las libertades".

"La situación que se está viviendo a día de hoy en Cataluña es de una auténtica excepcionalidad política, por las actuaciones antidemocráticas de un Estado en el que no se da una verdadera separación de poderes, como correspondería a un Estado de derecho, y en el que reaparece la cara más rancia y reaccionaria del régimen del 78, heredero de la dictadura", ha relatado.

La declaración considera que "el Estado español representa un modelo fracasado, y que se está viendo impotente para mantener ese modelo, centralista, con instituciones anacrónicas como la corona y el recurso de la fuerza y la represión para ir contra el legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos".

Por eso, los cuatro sindicatos reclaman "la restitución de la normalidad democrática que el pueblo catalán manifestó en las urnas en el referéndum del 9 de octubre y en las elecciones del pasado 21 de diciembre, comenzando por la derogación de la aplicación del artículo 155".

Piden, además, "la libertad del presidente Puigdemont y de todos los presos políticos catalanes" así como "el retorno de las personas exiliadas y la restitución de todos sus derechos".

También expresan su deseo de que "cese del acoso policial y judicial contra los cargos políticos e institucionales" y que "se reconozca el derecho de los pueblos del Estado español y decidir sobre su futuro, haciendo efectivo el derecho de autodeterminación", además de manifiesta su "solidaridad" con los "represaliados".

Sastre ha sostenido que el Estado español vive un "contexto de causa general contra el ejercicio de los más básicos derechos democráticos individuales o colectivos".

Muñoz ha considerado que en la actualidad se vive "una dictadura del capital con el apoyo de la clase política gobernante" en la que "se persigue y criminaliza a los sindicatos que convocamos huelga, a los sindicalistas que las impulsas y a los trabajadores que la practican", ha añadido.

Esas organizadores sindicales continuarán con su apuesta " por el derecho de huelga, por el conflicto, para conseguir una sociedad cada vez más justa, para democratizar esta sociedad", ha comentado.

"Sin huelgas, el futuro está escrito; con huelgas, lo podemos cambiar", ha resumido Muñoz.

Por su parte, Aramburu ha denunciado la "doble involución", tanto social con un "modelo capitalista salvaje, insostenible, que impide a una mayoría social poder garantizar una vida digna", como política con "una maquinaria represiva del Estado".

Por eso ha apelado al "sindicalismo de contrapoder" como "más necesario que nunca" contra una "precarización entendida como forma de explotación" que lleva a un "sistema de dominación hacia la clase trabajadora" que funciona "generando miedo", ha concluido.
 

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