El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de sancionar a España con 50 millones de euros, más una multa diaria de 171.217 euros, por el incumplimiento de las condiciones de saneamiento de las aguas residuales de 17 aglomeraciones urbanas. Tres pertenecen a Galicia (Santiago, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo) y la UE considera que el problema en estas localidades está en vías de solución. Sin embargo, el retrato que hace Europa no es muy fiel, ya que señala casos extremos y la realidad es que la calidad de las aguas en la comunidad es muy desigual. Hay poblaciones que disponen de buenos sistemas de saneamiento y que cumplen con los requerimientos medioambientales, pero muchas localidades siguen teniendo instalaciones obsoletas o insuficientes, o directamente carecen de ellas, lo que provoca graves problemas al medio natural. Al mismo tiempo, hay lugares donde poco a poco se van deteniendo los vertidos pero los espacios naturales siguen muy deteriorados debido a la contaminación que recibieron durante años.
Un informe que acaba de hacer público la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMM) revela que el estado químico de 13 de los 466 (el 3%) cuerpos de agua de la demarcación hidrográfica Galicia Costa no es el adecuado. En la demarcación del Miño-Sil el porcentaje es del 4% (10 de 279 cuerpos de agua). No especifica cuáles son. La agencia hizo un control de salubridad de aguas superficiales y subterráneas desde varias perspectivas: las presiones que reciben (extracción, canalización...), la contaminación química y el estado ecológico general. Este último se determina en base a elementos de calidad biológica, físico-químicos e hidromorfológicos. Es el mejor indicador del estado de una masa de agua y, según los datos recabados, el 23% de los cuerpos de agua de Galicia Costa y el 24% de la demarcación Miño-Sil presenta déficits.
Uno de los ejemplos de masas con problemas evidentes es el de las rías. Tras años de denuncias de ciudadanos, pescadores, mariscadores y grupos ecologistas, y también de formaciones políticas como el BNG, que llegaron incluso al Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones acabó realizando un informe sobre su estado en el que se constata la contaminación que sufren y hace recomendaciones no vinculantes para las administraciones.
Muchos Concellos alegan que no tienen medios para ampliar y mejorar las infraestructuras de saneamiento
La propia Xunta llegó a admitir en los últimos años que la situación era crítica, a raíz de informes como el de Augas de Galicia de 2009. En solo unos meses, los técnicos detectaban casi 2.000 puntos de vertido, de los que 399 eran graves. De hecho, asegura que uno de sus grandes objetivos medioambientales es el saneamiento integral de las rías y que desde 2009 lleva invertidos más de 1.100 millones de euros.
La mayoría de los focos contaminantes de las aguas gallegas tienen su origen en el deficiente estado de las redes y las infraestructuras de saneamiento de los ayuntamientos, que son incapaces de tratar todo el caudal. Las actividades industrial y agrícola también contribuyen. En el caso de algunas rías, el impacto de la construcción y fondeo de buques se hace evidente por la huella de cobre en el sedimento. Caso paradigmático es el de la ría de Pontevedra, donde la actividad marisquera y pesquera se vio cercercenada debido a la actividad de la celulosa Ence.
La ría de Vigo soportó vertidos hasta hace nada, ya que la depuradora era insuficiente. Este año estrenó una planta nueva, por lo que la UE da por solucionado el problema. También el de Santiago, que hace vertidos directos al Sar porque la depuradora no da abasto. Sin embargo, en este caso la solución aún tardará en llegar porque sigue sin haber acuerdo entre las administraciones local, autonómica y estatal para la construcción de una nueva planta. La UE también da por atajado el problema en las poblaciones de Aguiño-Carreira-Ribeira.
En la provincia de Lugo el panorama no es mucho mejor, tanto en poblaciones grandes como pequeñas. Hay excepciones, como la capital, que en la última década solucionó los graves problemas de saneamiento que tenía con una millonaria inversión en la renovación y construcción de colectores y de una nueva planta depuradora. La otra cara pueden ser Viveiro, con un emisario roto que vierte a la ría, o Monforte, que tiene una red obsoleta y las filtraciones al Cabe son continuas.
Depuradoras con capacidad insuficiente y filtraciones de la red están detrás de la causas del deficitario funcionamiento en muchas localidades, que alegan que no tienen capacidad económica para llevar a cabo las obras necesarias. Con todo, la Xunta destaca que llevava realizadas 350 actuaciones de saneamiento en 165 concellos, como la construcción de 45 depuradoras que dan servicio a 1,7 millones de habitantes, "máis da metade dos galegos", recalca. Fruto de todo este trabajo es que, según los datos de que dispone la Xunta, la calidad de las aguas gallegas mejoró. "No 2009, o 70% das nosas aguas eran de boa calidade e agora a cifra supera o 77%", afirma.
Aprovechando fondos europeos y con la ayuda de los Gobiernos central y autonómico, Lugo inauguró una nueva depuradora en 2011. El incremento de la capacidad de tratamiento fue una de las principales diferencias con la anterior, así como la implementación de sistemas de eliminación biológica de microorganismos. La existencia de embalses aguas abajo obliga a eliminar el fósforo y el nitrógeno para evitar la formación de algas y se optó por un sistema del que entonces disponían muy pocas plantas.
La antigua depuradora no era capaz de tratar todo el agua residual que emitía la ciudad, con el evidente perjuicio para el medio ambiente y para el bolsillo de los lucenses, ya que el Concello pasó de pagar unos 800.000 euros al año a la Confederación Hidrográfica en concepto de canon de vertido a unos 300.000 euros.
Este es otro de los agravios que sufre Lugo. Al depender de una demarcación estatal —tiene ríos que atraviesan más de una comunidad o son fronterizos— paga un canon por el agua que devuelve al río. Se calcula en función del volumen, de la carga contaminante y de las características medioambientales del río y las poblaciones de la demarcación Galicia, de competencia autonómica, están exentos de él. La desigual situación se da en la mayoría de las comunidades, salvo en el País Vasco y Murcia, apunta el exedil de medio ambiente de Lugo Lino González, que hace años llegó a plantear este agravio a la UE. Obtuvo respuesta de un comisario interesándose, pero la gestión no llegó a dar ningún resultado. Posteriormente, la socialista Margarita Pérez Herráiz presentó una iniciativa en el Congreso, con igual resultado.
Augas de Galicia señala que el canon está previsto por ley "non como unha obriga senón como unha posibilidade" y que, de momento, es una cuestión "que non está sobre a mesa".
Otra de las quejas de Lugo es que la Xunta no reinvierte en el municipio lo que percibe a través del canon de auga o saneamiento —tasa que recaudan los concellos a través de los recibos del agua pero va a la Xunta—, que es finalista. La Consellería de Medio Ambiente niega la mayor. Recuerda que contribuyó con 7 millones a obras como la depuradora y los colectores, que lo que se recauda se invierte "en actuacións en toda Galicia, priorizándoas de forma solidari". La Xunta cree que el Concello de Lugo tiene "capacidade suficiente" para llevar a cabo "sen colaboración económica" el demandado saneamiento de la zona rural.
