Exigen a través de un manifiesto que el Estado recurra la sentencia de Meirás

Representantes del mundo de la cultura, el sindicalismo o la enseñanza recaban apoyos con el objetivo de impedir "que se perpetúe el expolio y el relato franquista"

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photo_camera El pazo de Meirás. ARCHIVO

Representantes del ámbito de la cultura y la lucha social han exigido al Estado que recurra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el pazo de Meirás "para impedir que se perpetúe el expolio y el relato franquista". Lo hacen a través del manifiesto Volver a pagar por lo robado: una sentencia inasumible para un Estado democrático, promovido por Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, que son autores del libro Un pazo, un caudillo y un expolio y prestaron declaración en el juicio tras el que se condenó a los Franco a la devolución del inmueble. 

También la sentencia de la Audiencia de A Coruña reconoce el inmueble como parte del patrimonio del Estado, pero rechaza "mala fe" —que en el primer fallo sí se consideró— por parte de los herederos y obliga a abonarles los gastos contraídos desde 1975 por parte de la familia del dictador

Según informan los promotores del manifiesto, más de 250 personas vinculadas al ámbito literario, las artes plásticas, la música, las artes escénicas, el periodismo, el sindicalismo o la enseñanza han trasladado su apoyo al manifiesto en el que se pide al Estado que recurra la sentencia de la Audiencia coruñesa para evitar "que se indemnice a la familia Franco por los años de ocupación de Meirás y, sobre todo, el fin de impedir que se perpetúe el relato franquista".

El documento ha recibido el apoyo de cerca de 40 colectivos gallegos

El texto, que cuenta también con el respaldo de 37 colectivos gallegos vinculados con el mundo de la memoria y la cultura, ahonda "en el paso atrás que para la defensa de la democracia y la memoria supondría el fallo emitido el pasado 12 de febrero porque teje un discurso acerca de la dictadura que ayuda a blanquear el régimen". 

En ese sentido, critican que se considere que "ni la familia Franco ni el propio dictador realizaron la ocupación de 'mala fe', lo que, en la práctica, supondría su derecho a que les repongan íntegramente los gastos del mantenimiento y mejoras del pazo, sin ningún tipo de contraprestación ni por los años de uso ni por los ingresos que obtuvieron durante décadas de ocupación". 

Con todo, consideran que lo más grave es que "se avala el relato franquista sobre lo que fue la dictadura" o que se diga que "fue un regalo que se hizo a Franco a título personal y no como jefe de Estado" 

Además, entienden que el tribunal coruñés "menosprecia la memoria de las víctimas con afirmaciones como que 'tampoco resulta relevante si las aportaciones fueron mayoritariamente voluntarias o se obtuvieron a punta de bayoneta' y blanquea la represión franquista con otras cómo 'en el hay constancia de que él (Franco) solicitara esa actuación, la auspiciara o la promoviese'".

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