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Rafael Louzán denuncia una persecución política

Louzán y su letrado, en una de sus recientes visitas a los juzgados de Cambados
Louzán y su letrado, en una de sus recientes visitas a los juzgados de Cambados
El expresidente de la Diputación de Pontevedra está acusado de cohecho por el supuesto sobreprecio que cobraba por el alquiler de sus locales en Vigo

El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha calificado de "persecución política" la petición de un año de cárcel por parte de la Fiscalía por el caso del supuesto sobreprecio que el diputado provincial Severino Reguera pagaba por el alquiler de varios locales comerciales propiedad de Louzán para que éste favoreciese su carrera política.

En declaraciones al término de un acto de la Federación Galega de Fútbol (FGF) de la que es presidente, el acusado ha avanzado que la próxima semana sus abogados rebatirán la petición de la Fiscalía y que de ese modo responderá de forma "contundente" a las acusaciones. La Fiscalía de Pontevedra anunció el pasado fin de semana la petición de un año de cárcel para el exbarón popular por un delito de cohecho. 


"Todo son una serie de conjeturas que hace el fiscal. Y de conjeturas no se puede vivir", señala el exbarón del PP


"Esto es una cuestión de persecución política y se irá comprobando con el tiempo de que no hay ningun dato ni documentación que lo acredite", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "todo son una serie de conjeturas que hace el fiscal. Y de conjeturas no se puede vivir", ha señalado.

El popular, que dió un paso atrás al renunciar al acta de concejal en Ribadumia el pasado mes de marzo luego de perder la presidencia de la Diputación en junio de 2015, ha asegurado que tiene en su poder "un montón de documentos" que prueban su inocencia.

CUESTION "PURAMENTE PERSONAL". Estos documentos ya han sido "aportados" al juzgado de Cambados que instruye el caso, entre los que se incluyen, según Louzán, "contratos de la misma fecha, de superficies parecidas y del mismo fin" que prueban que Reguera no pagó un sobreprecio por los locales.

Asimismo, ha indicado que es una cuestión "puramente personal" de unos inmuebles comprados "hace diez años" a "una cooperativa, no a un constructor" a través de "una hipoteca" que "todavía" está pagando y ha añadido que "ningún testigo" llamado a declarar en el caso "ha dado pábulo" a las acusaciones de cohecho.

Rafael Louzán denuncia una persecución política
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