El PP gallego ha mostrado este lunes su rechazo al acuerdo entre el Gobierno central y Esquerra para la armonización fiscal respecto al impuesto de Sucesiones por lo que pedirá su eliminación a través de una enmienda en el Congreso y mediante una Proposición no de Ley en el Parlamento autonómico.
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha cargado en rueda de prensa contra la “sorprendente petición de armonización fiscal” en este sentido y que, a su parecer, ataca a la “autonomía” de Galicia con un criterio “que nos parece muy inadecuado”.
Según ha señalado Puy, con la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en Galicia desaparecerá uno de los principales incentivos fiscales de las herencias en vida, ya que la nueva norma elevará la tributación de aquellos bienes recibidos en vida de algún ascendiente, generalmente padres o abuelos, que se vendan antes del fallecimiento de estos.
Puy ha criticado que la intención del Gobierno es obligar a tener que volver a rendir cuentas con el fisco al recibir una herencia si la persona no fallece porque se entendería que hay “fraude fiscal” al presuponer que quien vende es el ascendiente.
Una actuación que va en contra de la “tradición gallega” porque en la Comunidad, ha señalado Puy, estas transmisiones suelen llevarse a cabo para facilitar que los hijos puedan independizarse o poner en marcha “un pequeño negocio”.
Por tanto, en opinión de los populares, intentar acabar con las exenciones de las herencias entre vivos supone “un nuevo ataque a la autonomía fiscal en Galicia” y, con ello, se “ataca a la base de nuestro autogobierno en materia jurídica”, ha reprochado el parlamentario popular.
Frente a ello, desde el PP autonómico se han puesto en contacto con el Grupo Popular en el Congreso para que se presente una enmienda “eliminando esa ficción jurídica por la que se presume que todo lo heredado en vida y se transmite oculta un fraude fiscal”.
Al tiempo, en el Parlamento gallego registrarán una Proposición no de Ley en la que se exige la retirada del texto a este respecto.
De forma paralela, se demanda que, en base a la autonomía financiera de las comunidades, “todas las reformas” que se lleven a cabo en este sentido se aprueben en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por vía “multilateral”.
