El PP pide negociar ya la transferencia de la AP-9 y el PSdeG insta a eliminar su rescate de la ley

En Marea y BNG exigen a los partidos estatales que aclaren ya qué van a votar en el Congreso y apuestan por revocar la concesión 

Cabinas de peaje de la AP-9, a su paso por Pontevedra. JAVIER CERVERA
photo_camera Cabinas de peaje de la AP-9, a su paso por Pontevedra. JAVIER CERVERA

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha defendido que la postura que considera válida sobre la transferencia de la AP-9 es la que excluye la posibilidad de que la Xunta decida el rescate de la Autopista del Atlántico para la Administración pública, como aprobó el Parlamento de Galicia en 2017 y 2018. Así, apuesta por que el Congreso elimine esta posibilidad de la ley impulsada por la Cámara gallega y relegar la revocación de la concesión a una decisión política de la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado, posterior a la tramitación a la ley. 

Coincide en parte con la postura del PPdeG, que considera que la comisión mixta es el foro en el que se puede impulsar ya la negociación bilateral para el cambio de la titularidad de la autopista. 

La diferencia son los tiempos: el PSdeG entiende que la comisión mixta deberá abordar los términos de la transferencia cuando se apruebe la ley (y ahí se podría incluir el debate del rescate); mientras que los populares creen que el trámite parlamentario se puede prolongar demasiado y retan a iniciar ya el diálogo bilateral si hay voluntad política de cambiar el titular. 

El Gobierno de Pedro Sánchez eliminó el veto sobre la proposición de ley de la Cámara gallega que pide transferir la titularidad de la AP-9 --cuya concesión está en manos de Audasa (Grupo Itínere)--. Como ha informado Europa Press en días pasados, el Congreso baraja noviembre para debatir esta iniciativa, ya que únicamente tiene una propuesta legislativa de Murcia por delante. 

La ley que aprobaron en marzo de 2016 todos los grupos políticos gallegos fue bloqueada por el Gobierno de Mariano Rajoy por cuestiones presupuestarias y esgrimiendo que la vía conectaba con Portugal (aunque en realidad desemboca en una autovía que es la que conduce a la frontera). De esta manera, la Cámara autonómica volvió a aprobar el mismo texto eliminando la referencia al rescate de la AP-9, pero el Ejecutivo central volvió a veta el texto, y una tercera vez con el mismo contenido que en 2017 (este verano de 2018).

"MODIFICADA SUSTANCIALMENTE". A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa, Leiceaga ha advertido de que la propuesta que envió el Parlamento de Galicia en 2016 "fue modificada sustancialmente" y, por ello, hay que "hacer una evaluación de conjunto" de como se puede abordar la cuestión ahora. "El propio Parlamento se modificó a sí mismo", ha advertido. 

"¿Esto evita que se pueda tomar en consideración? No, no lo evita, porque puede modificarse (en el trámite parlamentario)", ha señalado Leiceaga. Es decir, los socialistas gallegos defienden que se pueda tramitar la ley que está desbloqueada, pero son partidarios de eliminar la referencia al rescate. 

Así, preguntado expresamente por si está a favor sí o no del rescate de la AP-9 para su incorporación a lo público, Leiceaga ha contestado que es partidario de dar ese debate con posterioridad, en la Comisión Mixta de Transferencias. No ha aclarado, por otro lado, cuál será la postura de su grupo en el Congreso al respecto de tramitar la ley de transferencia de la AP-9. 

"Entiendo que la posición válida es la última (ley)", ha argumentado Leiceaga, después de señalar que sobre la primera de las normativas se concluyó, según dijo, que suponía unos "costes inasumibles" para las arcas públicas. Por eso, cree que hay que dejar para después de la transferencia de la titularidad "los términos de las relaciones financieras entre Estado y Xunta derivadas de la transferencia". 

El dirigente socialista es partidario de "recuperar lo que se votó en 2017 y 2018" y recordó que estos dos textos contaron con el apoyo unánime de toda la Cámara, como también la primera de ellas (la de 2016). 

La diferencia está en que BNG y En Marea se abstuvieron en la votación de la ponencia (trámite anterior al pleno) de la ley de 2018, puesto que reclamaban incorporar la cuestión del rescate una vez que hubo el cambio de Gobierno en La Moncloa y que, a su juicio, la eliminación de esta referencia ya no era necesaria para salvar el veto del Ejecutivo del PP.

NEGOCIACIONES "YA". En rueda de prensa este lunes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha advertido de que, si "realmente" la voluntad política del Gobierno de Sánchez va más allá de levantar el veto a que se debata la propuesta, las negociaciones políticas con la Xunta podrían empezar "ya" en la comisión mixta en la que ambas administraciones negocian las transferencias. 

Puy ha rebajado la importancia del contenido inicial de la iniciativa que se someta a debate, toda vez que --ha recordado-- una vez que las propuestas se empiezan a tramitar están abiertas a enmiendas y serán los grupos del Congreso los que decidan si se modifica el texto y cómo "se aprueba". 

"Es el Congreso el que debe debatirlo; lo importante es que se tramite la ley, con independencia del contenido final", ha defendido Puy, quien, en todo caso, ha remarcado que el traspaso --al margen del paso legislativo-- exigiría un "acuerdo de transferencia" entre la Xunta y el Gobierno, ya que la valoración económica es "fruto de una negociación política". 

En este escenario, el dirigente popular ha sugerido que sería bueno "aclarar" si la "voluntad" del Ejecutivo central se limita a facilitar que se tramite la iniciativa gallega o si va un paso más allá y está a favor del traspaso de esta infraestructura estratégica para Galicia. 

No en vano, si la "voluntad política" del Gobierno de Sánchez es favorecer el traspaso, "se podrían empezar ya" a negociar las condiciones para el mismo, que posteriormente se podrían plasmar ya en la norma correspondiente. "Que la ley se tramite es muy secundario, si hay voluntad política se podría avanzar ya", ha subrayado.

LO "MÁS DECISIVO": EL RESCATE. Frente a estas posturas que abren la puerta a eliminar el rescate, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha incidido en que su grupo comparte que la transferencia a Galicia de la AP-9 "mejoraría las condiciones" para la gestión, pero ha subrayado que lo más decisivo" es "el rescate para lo público de la infraestructura". 

De hecho, ha incidido en que los gallegos sufren "un auténtico robo diario", ya que "uno de cada dos euros facturados en la AP-9 es beneficio, un negocio sin parangón que el PP regaló a la concesionaria después de haber rescatado la infraestructura". 

"Hay que estudiar la viabilidad del rescate para lo público. Nosotros lo apoyamos aquí y lo apoyaremos en el Congreso", ha garantizado, antes de subrayar que hay que ver "lo que hace el PP" y también el PSOE, ya que en Madrid "había que sacar un partido corrupto" del poder, "pero ahora tampoco tiene un cheque en blanco".

NOVIEMBRE. Sobre la fecha de noviembre para un debate inicial, ha subrayado que es el horizonte "más ágil posible", antes de agregar su deseo de que "cuanto más ágil" sea la tramitación, "mucho mejor". 

"Llevamos demasiados vetos del PP y espero que ahora no haya nuevos vetos por parte del PSOE", ha manifestado, por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien entiende que "no sería lógico que se retrasase" el debate más allá de este periodo de sesiones, como está previsto. 

La dirigente nacionalista ha pedido "coherencia" a PP y PSOE porque los gallegos "no pueden seguir sufriendo esta estafa" y "lastrando la movilidad" de los ciudadanos y empresas con "subidas desorbitadas" de los peajes. 

Pontón, que defenderá la iniciativa en el Congreso, ha manifestado que es "lógico que el grupo promotor forme parte de la delegación", aunque no está garantizado por el reglamento (ella irá porque AGE pasó en la anterior legislatura a ser cuarta fuerza política). Avanzó contactos con otras fuerzas nacionalistas para que prospere. 
 

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