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LA MEDIA DE EDAD ES DE CASI 17 AÑOS

Portazo al abandono de vehículos

Vehículo que permaneció más de un año abandonado en la zona de A Vide, en Monforte
Vehículo que permaneció más de un año abandonado en la zona de A Vide, en Monforte
Los gallegos prescindieron en 2015 de 42.385 vehículos, o al menos eso es lo que se deduce de los datos de las principales empresas que se dedican a procesarlos. Sin embargo, la Policía denunció a más de 4.000 personas por abandonar sus coches en los montes, una cifra muy importante que pone en peligro el medio ambiente

El abandono de vehículos se ha convertido en una práctica habitual entre los conductores gallegos. Solo entre 2012 y 2015, la Policía Autonómica —que es la que tiene competencias en esta materia— denunció a 4.094 por este tipo de prácticas en los montes gallegos. La razón es clara, y viene estipulada en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (VFU): el abandono de un coche, sobre todo en zonas forestales, supone un gran riesgo para el medio ambiente.

Se trata de una tendencia que se está viendo incrementada con los años. Prueba de ello es que en 2015 se realizaron 1.969 inspecciones —más de cinco veces más que en 2012—, que terminaron con un total de 942 gallegos denunciados. Son datos de la Memoria de la Policía Autonómica, que permiten ver de forma detallada cómo en 2013 el número de personas apercibidas superaba el millar (1.055), ascendiendo hasta las 1.705 en el año siguiente.

Pero no es un aspecto que afecte exclusivamente a los montes. En los últimos meses, varios ayuntamientos de la comunidad han comenzado a abrir decenas de expedientes por coches abandonados en la vía pública. Es el caso, por ejemplo, de A Coruña y Ferrol, donde las concejalías de tráfico notifican en los parabrisas de estos vehículos en desuso y con evidentes síntomas de deterioro las consecuencias a las que se pueden enfrentar sus dueños.


Las concejalías de tráfico de A Coruña y Ferrol ya están notificando a los dueños de coches aparcados en la calle con síntomas de deterioro


MULTAS Y CONSECUENCIAS. El tiempo de actuación de los agentes de Tráfico, las consecuencias y la cuantía de la multa dependen de las ordenanzas municipales, pero la conclusión más habitual en esta clase de episodios —tanto en zonas rurales como en la ciudad— es que el vehículo acabe en la chatarrera pasados unos meses desde el aviso y la sanción ronde los 900 euros, pudiendo llegar a un máximo de 45.000 en los casos más graves.

VEHÍCULOS PROCESADOS. Los españoles prescindieron en 2015 de 689.760 vehículos, consolidando una tendencia a la baja alcanzada en 2011, con 671.927, después del importante descenso con respecto a 2009 (952.367) y 2010 (839.637). Son datos de la Asociación Española para el Tratamiento Ambiental de los Vehículos Fuera de Uso (Sigrauto), que cifra en 42.385 el número de coches tratados en Galicia solo el año pasado. Por provincias, A Coruña es la que se ve más afectada, con 17.174, seguida de Pontevedra (13.957), Lugo (6.209) y Ourense (5.045).

Antes de que entrara en vigor la normativa de medio ambiente, la mayor parte de los residuos procedentes de automóviles iban directamente al vertedero. Los datos  de la Agencia Europea del Medio Ambiente (Aema) para el año 2000 revelan que de los 2,2 millones de toneladas generados, 1,8 acabaron así. En ese momento había en el territorio nacional cerca de 3.500 desguaces.

TRATAMIENTO. Sin embargo, como paso previo al tratamiento de VFU, la norma obliga ahora a descontaminar los vehículos. Esta operación se lleva a cabo en los centros autorizados de tratamiento (Cat), donde tendrán que acabar  todos los vehículos, ya sea por obsolescencia o por falta de condiciones técnicas y de seguridad para poder seguir funcionando. Estas instalaciones son las encargadas de facilitar los procesos de descontaminación, reutilización, reciclado y valorización de las piezas, eliminando así los tradicionales desguaces.

El usuario tiene ahora dos opciones si quiere deshacerse legalmente de su vehículo. La primera es consignarlo directamente en una de estas Cat, donde le será expedido un certificado de destrucción que acredita el final de la vida útil del mismo. La segunda consiste en una instalación de recepción, que facilitará un certificado de entrega que demuestra la puesta a disposición del coche para su descontaminación. Esta última será siempre un emplazamiento de titularidad privada, tales como las de productores, concesionarios, compañías de seguros, despiezadores o fragmentadores, que por razón de su actividad económica se hacen cargo temporalmente del vehículo para su traslado a los centros de tratamiento que realizan la descontaminación.

SUSTANCIAS TÓXICAS. Entre otras estipulaciones, la ley también obliga a las compañías a tomar medidas de prevención en el proceso de fabricación, como diseñar y construir los vehículos de manera que se facilite el desmontaje y el trabajo de las Cat o limitar el empleo de sustancias peligrosas. De hecho, la normativa prohíbe en los coches de nueva producción la presencia de plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente, salvo en algunas piezas como llantas y bombillas.

Además, las normas medioambientales establecen protocolos para eliminar los conocidos como «ingredientes negros», de gran impacto contra el medio ambiente y entre los que destacan las baterías, catalizadores, zapatas de freno con amianto, neumáticos, aceite y otros fluidos. Las plantas especializadas disponen de 30 días como máximo para deshacerse de ellos. Los materiales son separados en distintos contenedores para poder después reciclar los restos.

OBJETIVO DE BRUSELAS. Con todo, desde Sigrauto aseguran que el objetivo de acabar con el abandono negligente de vehículos y su consiguiente impacto en el medio ambiente se está cumpliendo. En España, el 84,3% de sus materiales se ha reciclado con éxito, mientras que la recuperación total ha afectado al 93,5% de las piezas, alcanzando así los 80 y 85% fijados desde Bruselas para el periodo 2006-2015. En cuanto a estos procedimientos, cabe señalar que el reciclado supone la reutilización de los residuos en el mismo proceso que los ha producido, mientras que la recuperación comprende también aquellos residuos reciclados en otro momento.

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