Pontevedra y Vigo se moviliza en la calle contra la reordenación del mapa sanitario

El pasado mes de enero se han vuelto a encender los ánimos con la sanidad pública gallega de protagonista y con un cambio simple, pero de calado, que devolverá a la ciudadanía a las calles, como han avanzado distintos portavoces consultados por Efe.

Cuando todavía no se habían apagado las brasas de la huelga de médicos a raíz de la introducción de las áreas de gestión clínica, que se ven desde las asociaciones profesionales y los sindicatos como una cuña por la que introducir la privatización de los servicios hospitalarios, se ha abierto ahora otro frente con la reordenación de las áreas sanitarias.

Los enfermos de las comarcas de Pontevedra y O Salnés que para determinadas especialidades (cirugía torácica, plástica, pediátrica, cardíaca, hemodinámica o reproducción asistida, entre otras) se dirigían hasta la fecha al hospital de Vigo, tendrán que acudir a Santiago.

La medida ha sido presentada por la Consellería de Sanidade como una forma de mejorar la "accesibilidad" de los pacientes, argumento no obstante que se rechaza desde Pontevedra y Vigo, según ha quedado patente en las manifestaciones del Colegio de Médicos de Pontevedra, que teme "una descapitalización de los servicios asistenciales en la provincia".

En Pontevedra la medida se ha encajado particularmente mal, en un terreno ya abonado para el descontento por los "retrasos reiterados" en el comienzo de las obras del nuevo hospital de Monte Carrasco, prometido desde 2009 como alternativa a la ampliación del actual hospital de Montecelo. Todavía no se han expropiado los terrenos en los que debería edificarse.

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (Agdsp) ha convocado una manifestación para el día 13 en Vigo y otra el 14 en Pontevedra, donde prácticamente a diario se han sucedido esta semana concentraciones simbólicas de protesta.

La asociación rechaza la explicación de la Consellería respecto a la accesibilidad y entiende que, por el contrario, los motivos del cambio son "adaptar el tamaño y dotación del nuevo hospital de Vigo a los recortes realizados en el proyecto para reducir costes y maximizar las ganancias de las empresas concesionarias y perpetuar el concierto singular con el hospital Povisa", centro éste de carácter concertado. En juego está también el "agravio" territorial, que señalan tanto el Colegio de Médicos como la Agdsp.

La institución colegial entiende que con la alteración anunciada los hospitales de la provincia de A Coruña tendrán una población de referencia de 1,85 millones frente a los 900.000 del Hospital de Vigo. Las posiciones encontradas llegan hasta al número de afectados.

La conselleira Rocío Mosquera consideró que solo lo estarán el 5% de los pacientes y los opositores interpretan que potencialmente están afectados "en torno a los 300.000" que suman las comarcas de Pontevedra y O Salnés.

Para Francisco Vizoso, portavoz de SOS Sanidade Pública en Pontevedra y médico del Chop, el cambio "viene determinado por el interés de trasladar fuera del nuevo hospital de Vigo a los pacientes más complicados y más caros", y no existe "justificación técnica" que lo avale.

También alude a una sobredimensión del hospital de Santiago, con una población de referencia previa de 400.000 personas para la que "justificar servicios como la cirugía cardíaca era discutible" por lo que, ahora, se ampliaría "a costa de las molestias" que origina para los pacientes de O Salnés y Pontevedra y sus familiares.

Desde Vigo, Manuel Moreira, portavoz local de la asociación, estima que si lo que se busca es equilibrar las áreas sanitarias lo que habría que hacer es dotar de más recursos a la zona, y en tanto no sea posible "que se deriven las listas de espera a otros centros".

La solución elegida implica a su entender, por el contrario, "que el área de Vigo se quede sin recursos de alta tecnología, capacidad técnica y calidad en la prestación de la docencia e investigación por la disminución de casos", lo que en su opinión condena a sufrir un "hospital de segunda línea".

Uno y otro opinan que el cambio implica además "beneficiar a los centros privados", que se pueden nutrir de tratar patologías rentables y que no requieren grandes inversiones para su atención, mientras que los casos más complejos y costosos se deriven a la pública.

Con ese mar de fondo y aprovechando el empujón de las manifestaciones de diciembre y la reciente decisión del Gobierno madrileño de echar atrás la privatización de sus hospitales, confían en reunir los días 13 y 14 un apoyo amplio a sus movilizaciones.

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