Pontevedra destaca en la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia del año 2013 como la provincia gallega con más delitos contra la seguridad vial por encima de A Coruña, Ourense y Lugo, en este orden.
El fiscal de Seguridad Vial, Carlos Gil, ha mantenido hoy un encuentro con el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, y responsables de Tráfico de la comunidad, en la que han abordado diferentes temas de interés en su área.
Según la memoria de la Fiscalía en seguridad vial, en la comunidad autónoma se incoaron 8.793 delitos contra la seguridad vial en 2013, con un descenso interanual de 1.047; se calificaron 7.051 con un descenso de 2.998 y se sentenciaron 6.586, con 1.153 menos.
Los delitos incoados suponen un 4,55 % de todos los delitos de Galicia, donde en 2013 hubo un total de 193.338, una cifra que también es más baja en que años anteriores.
Entre las infracciones contra la seguridad vial destaca, con diferencia, la conducción bajo los efectos del alcohol, que supone un 64,65 % del total (5.865) en su aspecto penal, pues no incluye las infracciones administrativas.
Se detectaron 2.636 conductores que cometieron un delito por conducir sin permiso, el 29,98 % del total, mientras que la conducción temeraria y la negativa a realizar la prueba de alcoholemia apenas pasaron del 2 %, y el exceso velocidad, la conducción con desprecio a la vida o la conducción con riesgos estuvieron por debajo del 1 %.
De todos ellos, el 66,04 % se tramitó con diligencias urgentes, mientras que las diligencias previas y el procedimiento abreviado se repartieron el otro 32 %.
En el reparto por provincias de delitos incoados Pontevedra registra 3.662; seguida de A Coruña, con 2.776; después Ourense, con 1.475 y finalmente Lugo, con 920.
De entre los numerosos casos es necesario mencionar según la Fiscalía, por su novedad, uno del Juzgado de lo Penal número dos de Vigo, sobre falsedad en documento oficial y referido a la alteración en los tacógrafos de los vehículos de transporte profesional.
Supone la primera condena que ha existido en toda la comunidad por hechos de esta naturaleza que, hasta ahora, carecían de una vía de persecución en el ámbito de lo penal y su reproche se hacía solamente en vía administrativa por el camino de las disposiciones de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y, sobre todo, por los correspondientes preceptos de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
En este procedimiento se dictó sentencia condenatoria contra un profesional del transporte, que además era gerente y socio único de la empresa a la que pertenecía el camión, y se le impuso una pena de seis meses de prisión y de ocho meses multa por un delito de falsedad en documento oficial al haber alterado los registros de lectura del disco del tacógrafo de su vehículo.
En sus conclusiones, la Fiscalía destaca un convenio con las Autoridades Administrativas correspondiente para lograr la aprobación de un protocolo de actuación tanto para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como para los profesionales sanitarios para determinar el consumo de sustancias estupefacientes.
Esto soluciona los problemas que surgen cuando son requeridos los servicios sanitarios de los hospitales para que presten su colaboración en las extracciones sanguíneas u otras pruebas al objeto de investigar los delito de conducción alcohólica o bajo los efectos de drogas, que esperan que funcione ya el año que viene.
Pontevedra es la provincia gallega donde se cometen más delitos en las carreteras y Lugo, donde menos
